Fallece Augusto Blacker Miller, exministro de Relaciones Exteriores de Fujimori

El excanciller, arrestado en Brasil por pedido de Albania, murió a los 80 años en un hospital penitenciario; había respaldado el autogolpe de 1992 y enfrentaba investigaciones internacionales por fraude financiero.

por Edgar Mandujano

El exministro de Relaciones Exteriores del Perú, Augusto Blacker Miller, falleció a los 80 años en el Hospital Penal Hamilton Agostinho, ubicado en el complejo penitenciario de Gericinó, en Río de Janeiro, Brasil. La autoridad penitenciaria estatal confirmó que el deceso ocurrió el pasado 23 de enero a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Blacker Miller se desempeñó como canciller durante el primer gobierno de Alberto Fujimori entre 1991 y 1992, y es recordado por respaldar el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, acción que posteriormente derivó en condenas judiciales en su contra.

Arresto y solicitud de extradición internacional

El exdiplomático se encontraba bajo custodia policial desde el 11 de diciembre de 2025, cuando fue detenido por agentes de Interpol en el barrio de Flamengo, en Río de Janeiro. La detención se produjo en cumplimiento de una orden de captura internacional emitida por la justicia de Albania, que solicitaba su extradición por su presunta participación en un fraude financiero y lavado de dinero vinculado a la construcción de un incinerador de residuos en la ciudad de Fier.

Años atrás, Blacker Miller había obtenido la ciudadanía albanesa, lo que complicó cualquier intento de extradición al Perú. Permanecía prófugo de Albania desde 2018 y, durante ese tiempo, residió en Estados Unidos y Europa.

Pasado político y judicial

Por su respaldo al autogolpe de Fujimori, la Corte Suprema del Perú lo condenó en 2007 a cuatro años de prisión suspendida. Tras este período, permaneció fuera del país y fue buscado por las autoridades peruanas para responder por diversos cargos vinculados al golpe de 1992.

La muerte de Blacker Miller cierra un capítulo controvertido de la historia política peruana y marca el final de un largo proceso judicial internacional que vinculaba al excanciller con casos de corrupción y fraude financiero.

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