MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) –
Expertos de Naciones Unidas han advertido este viernes de la importante regresión en materia de Derechos Humanos que puede traer consigo la –recientemente ratificada por el Constitucional peruano– ‘ley de impunidad’, que permite la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
“Este fallo es un peligroso retroceso”, han subrayado los expertos” antes de recordar que “los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles conforme al Derecho Internacional” y que “esta decisión socava la independencia judicial, introduciendo el riesgo de nuevas represalias contra abogados y otros profesionales”.
La conocida como ‘ley de impunidad’ contempla la posibilidad de aplicar la prescripción a dichos crímenes si estos fueron cometidos antes de que Perú ratificase el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. No obstante, el grupo ha incidido en que la prohibición de la prescripción para los crímenes de lesa humanidad no está sujeta en modo alguno a la ratificación de tratados.
“El principio de legalidad no protege a los perpetradores de atrocidades que ya eran delitos conforme al derecho internacional en ese momento”, han aclarado al tiempo que han explicado que los atrasos en los procesos “tampoco pueden justificar la impunidad frente a violaciones graves”.
En esta línea se han pronunciado también tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han coincidido en señalar la prevalencia de los compromisos internacionales asumidos por Perú. “Las interpretaciones internas no pueden prevalecer sobre normas diseñadas para proteger a la humanidad de los peores crímenes”, han reiterado.
Ambos organismos han alertado además de que “esta decisión socava la independencia” del Poder Judicial peruano y da cabida a “nuevas represalias contra operadores de justicia –policía y fiscales hasta jueces, defensores públicos, abogados y peritos– que ya están siendo atacados por aplicar estándares internacionales vinculantes”.
“La justicia tardía no debe convertirse en justicia denegada”, han sentenciado, instando a las autoridades peruanas a alinear su legislación interna con los estándares internacionales, protegiendo a los actores judiciales y garantizando la rendición de cuentas.