El congresista Segundo Montalvo ha solicitado formalmente al presidente de la República, José María Balcázar, que todas las reuniones sostenidas por funcionarios y altos funcionarios del Ejecutivo con actores interesados en la gestión pública sean transmitidas en vivo a través de las plataformas digitales oficiales del Estado. Según el oficio N° 622-2025-2026-STMC/CR, remitido el pasado 26 de febrero, esta medida busca garantizar un control ciudadano efectivo ante la insuficiencia de los mecanismos de transparencia actuales.
La propuesta de Montalvo apunta a superar la normativa vigente, que únicamente exige un registro posterior de las actividades. El parlamentario plantea que la agenda diaria de los altos funcionarios, incluyendo al mandatario y a los ministros, sea publicada a primera hora y actualizada en tiempo real ante cualquier modificación, calificando el actual plazo de 72 horas para registrar visitas como «excesivo e incompatible» con la exigencia de transparencia que demanda la ciudadanía.
Propuestas para el control ciudadano
El documento, enviado también a diversos organismos de control y ministerios, detalla una serie de exigencias orientadas a erradicar prácticas de opacidad:
- Transmisión en vivo: Difusión obligatoria de reuniones en las sedes del Ejecutivo (Palacio de Gobierno, ministerios, etc.) a través de redes sociales oficiales, con excepción de encuentros de carácter reservado o secreto conforme a ley.
- Prohibición de reuniones extraoficiales: Restricción expresa de realizar citas personales o reuniones de trabajo fuera de las sedes institucionales, a menos que exista una justificación debidamente registrada.
- Registro estricto: Reforzamiento del control de ingresos, incluyendo la identificación plena de los visitantes, el motivo del encuentro y los horarios exactos de permanencia.
La iniciativa surge tras la preocupación generada por recientes episodios en los que altos funcionarios habrían eludido los controles de visitas, manteniendo encuentros fuera de los registros oficiales. Para Montalvo, este tipo de acciones socavan la confianza ciudadana y deben ser reemplazadas por una gestión abierta. «La transparencia no es un favor que se le hace al ciudadano, es una obligación de todo servidor del Estado», enfatizó el legislador.