Exalcalde de San Ignacio recibe 12 años de prisión por colusión agravada

Fue condenado junto a tres exfuncionarios municipales por favorecer ilegalmente a terceros en la adjudicación de obras públicas, causando perjuicio económico al Estado.

por Edgar Mandujano

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró una sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra Carlos Martínez, exalcalde de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, por el delito de colusión agravada, tras comprobarse que favoreció ilegalmente a terceros en procesos de contratación pública vinculados a obras de saneamiento.

La condena, dictada el 7 de febrero de 2026, también alcanzó a otros tres exfuncionarios municipales, quienes actuaron de manera concertada para defraudar patrimonialmente a la comuna provincial durante el año 2012. El fallo marca un nuevo precedente en la lucha contra la corrupción en gobiernos locales, especialmente en proyectos de infraestructura básica.

Concertación ilegal en procesos de contratación pública

De acuerdo con lo acreditado durante el juicio oral, los hechos ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2012, periodo en el que los entonces funcionarios municipales se concertaron ilícitamente con terceros para direccionar procesos de contratación pública en perjuicio de la Municipalidad Provincial de San Ignacio.

Junto al exalcalde Carlos Martínez, fueron sentenciados a 12 años de prisión:

  • Euler Jave, exgerente municipal.
  • Álvaro Cabrera, exgerente de Acondicionamiento Territorial e Infraestructura.
  • Wilfredo Romero, exjefe de Abastecimientos.

Según la Fiscalía, los cuatro funcionarios actuaron de forma coordinada para favorecer intereses particulares en la adjudicación de servicios y obras públicas, vulnerando los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en el uso de recursos del Estado.

Obra de saneamiento bajo la lupa fiscal

El fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas demostró que los condenados se coludieron con su cómplice Hans Díaz en la contratación de servicios para la elaboración del expediente técnico de la obra de construcción de alcantarillado y mejoramiento de la red de agua potable del Manantial La Lima, ubicado en el caserío de Peringos, distrito de San Ignacio.

Esta concertación ilegal generó un perjuicio económico a la municipalidad por S/ 39 000 y S/ 27 750, montos que fueron acreditados durante el proceso judicial mediante pericias y documentación administrativa.

La Fiscalía sostuvo que los expedientes fueron direccionados de manera irregular, con la finalidad de beneficiar a personas previamente concertadas, sin respetar los procedimientos de contratación establecidos por ley.

Nuevos hechos ilícitos y mayor perjuicio económico

El caso no se limitó a un solo proceso. Durante el juicio también se acreditó que los exfuncionarios se concertaron ilícitamente con Lía Aguinaga, gerente general de una empresa privada, para defraudar nuevamente al municipio en otros procesos de contratación pública vinculados a la misma obra de agua potable y saneamiento.

Esta segunda concertación ocasionó un perjuicio económico adicional de S/ 27 750, consolidando un patrón de conducta orientado a favorecer ilegalmente a terceros en desmedro de los recursos municipales destinados a servicios básicos para la población.

Sentencia para cómplices y reparación civil

Por su participación en los hechos ilícitos, los cómplices Hans Díaz y Lía Aguinaga fueron sentenciados a seis años de prisión, pena que fue convertida en 260 jornadas de prestación de servicios comunitarios, además de cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Asimismo, el Poder Judicial ordenó el pago de reparación civil, fijando montos de S/ 29 000 y S/ 37 750, respectivamente, como compensación por el daño causado al Estado.

Mensaje contra la corrupción municipal

Desde el Ministerio Público se destacó que esta sentencia constituye un mensaje claro contra la corrupción en la gestión municipal, especialmente en obras de saneamiento que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

La Fiscalía de Lambayeque remarcó que continuará impulsando procesos penales contra funcionarios que utilicen sus cargos para defraudar al Estado, reafirmando su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.

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