La lucha contra la corrupción en gobiernos locales sumó un nuevo capítulo en Cajamarca. El Ministerio Público consiguió una condena ejemplar contra el exalcalde de la Municipalidad Distrital de San Luis de Lucma, Julio Díaz Llatas, sentenciado a 14 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, tras probarse que dirigió procesos de contratación de obras y servicios en beneficio de una red de proveedores.
La decisión judicial alcanza también a dos de sus exfuncionarios de confianza, quienes formaron parte del esquema ilícito que operó entre 2015 y 2018 en la provincia de Cutervo. La sentencia, obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, constituye un precedente contra la manipulación de fondos municipales que afectan directamente el desarrollo de comunidades rurales.
¿Cómo se probó el caso de corrupción en San Luis de Lucma?
Durante el juicio, el fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas presentó las pruebas que confirmaron la concertación ilegal entre las autoridades municipales y proveedores privados. Se demostró que los acusados dirigieron contrataciones públicas para garantizar beneficios económicos indebidos.
El esquema incluyó la manipulación de expedientes técnicos y perfiles de proyectos de infraestructura, así como acuerdos con contratistas para asegurar la adjudicación de obras a cambio de ventajas personales. La investigación determinó que estas prácticas ocasionaron un perjuicio económico de S/ 363 189.60 al patrimonio municipal.
Los fondos que debieron destinarse a obras para la comunidad fueron desviados mediante este mecanismo de colusión. Así, proyectos esenciales de infraestructura quedaron comprometidos, lo que afectó directamente a la población de San Luis de Lucma.
Los sentenciados y sus penas
La condena de 14 años de cárcel recayó sobre el exalcalde Julio Díaz Llatas, el extesorero Gilberto Vallejos Tapia y el exjefe de Abastecimiento Arquímedes Chinchay Pacheco. Además de la prisión efectiva, todos fueron inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos, medida que busca impedir su reincorporación al aparato estatal.
El fallo también alcanzó a terceros implicados en la red:
- Auber Díaz, identificado como cómplice, recibió la misma inhabilitación de 10 años.
- Francisco Ñontol, también cómplice, fue inhabilitado por seis años y medio y deberá pagar una multa equivalente a 812 días-multa.
- Simón Julón fue condenado a tres años y cuatro meses por colusión simple, pero su pena se convirtió en 147 jornadas de trabajo comunitario.
Con estas sanciones, la justicia busca resarcir parte del daño ocasionado al erario público y enviar un mensaje de tolerancia cero contra la corrupción en municipios rurales.
Impacto local y mensaje contra la corrupción
El caso evidencia cómo los esquemas de colusión entre alcaldes y funcionarios pueden afectar gravemente a comunidades que dependen de obras públicas para acceder a servicios básicos. En distritos como San Luis de Lucma, cada sol malversado representa caminos sin mantenimiento, escuelas sin mejoras y obras inconclusas que retrasan el desarrollo social.
La Fiscalía resaltó que este tipo de sentencias fortalecen la confianza ciudadana en el sistema de justicia, en especial en regiones donde la corrupción municipal se percibe como un problema recurrente. “Se trata de una condena que busca marcar un precedente: los recursos públicos no pueden seguir siendo botín de mafias locales”, señaló una fuente del despacho anticorrupción.
¿Qué significa esta condena para Cajamarca?
La sentencia contra Díaz Llatas refleja un patrón que se repite en varios municipios del país: autoridades que manipulan contrataciones públicas con total impunidad. El hecho de que se haya logrado acreditar la responsabilidad penal y dictar penas de prisión efectiva representa un paso adelante en la lucha contra este flagelo.
En Cajamarca, región históricamente golpeada por la falta de infraestructura básica, la sanción también envía un mensaje directo: la corrupción no será tolerada y quienes traicionen la confianza ciudadana enfrentarán la justicia. El desafío ahora será garantizar la recuperación de los fondos y la ejecución transparente de los proyectos pendientes para que la población no siga cargando con el costo de estos delitos.