La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría el informe de calificación que recomienda investigar a la congresista Lucinda Vásquez Vela por una presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria. La decisión se produce luego de la difusión de un reportaje televisivo que generó amplia polémica por mostrar a un trabajador de su despacho realizando labores totalmente ajenas a sus funciones legislativas. El caso, ya bautizado mediáticamente como ‘Cortaúñas’, ha desencadenado críticas, cuestionamientos y pedidos de sanción desde diversos sectores.
Con 8 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra, la comisión decidió admitir a trámite el Expediente 238-2025-2026/CEP-CR, que ahora pasará a una revisión más detallada en la próxima sesión ordinaria. La congresista, integrante del grupo parlamentario JP-VP-BM, deberá responder ante el grupo de trabajo y podría enfrentar medidas disciplinarias si se confirma que utilizó a trabajadores del Congreso para tareas de índole personal.
¿Qué reveló el reportaje que originó el caso ‘Cortaúñas’?
El desencadenante del caso fue un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder, que mostró videos y fotografías tomadas dentro de las oficinas parlamentarias. En uno de los registros más comentados se observa a un trabajador cortándole las uñas de los pies a la congresista dentro de un ambiente del Congreso.
La difusión de las imágenes generó inmediato impacto mediático y abrió interrogantes sobre el uso de personal asignado al despacho de la congresista. ¿Los trabajadores estaban siendo obligados a cumplir tareas personales?
¿Existió abuso de autoridad o un maltrato laboral encubierto?
Estas preguntas fueron mencionadas tanto por especialistas como por ciudadanos en redes sociales, quienes demandaron una respuesta institucional y una investigación formal.
El reportaje también mostraba a otros colaboradores realizando actividades que no guardaban relación con funciones parlamentarias, lo que elevó las sospechas sobre un uso irregular del personal contratado por el Congreso y un posible incumplimiento de deberes éticos.
La defensa de Lucinda Vásquez: acusaciones de “venganza” y manipulación
Tras la emisión del reportaje, la congresista Lucinda Vásquez difundió un comunicado donde rechaza categóricamente las acusaciones. Señaló que todo responde a un presunto intento de “venganza” por parte de excolaboradores que, según ella, estarían tratando de perjudicar su labor mediante la “difusión de imágenes fuera de contexto”.
Vásquez insistió en que jamás obligó a sus trabajadores a realizar tareas personales y negó cualquier acto de humillación, trato indigno o abuso de poder.
La parlamentaria también aseguró que la información difundida no refleja la dinámica real de su despacho y que los hechos fueron “manipulados para crear escándalo mediático”.
Pese a su defensa, la controversia continúa. Diversos analistas consideran que la gravedad de las imágenes amerita una investigación exhaustiva, independientemente del contexto alegado por la legisladora. Otros opinan que el caso evidencia un problema recurrente: el uso político y personal de los recursos humanos del Congreso, una práctica que en ocasiones anteriores ha sido denunciada sin sanciones contundentes.
Proceso en Ética: ¿qué viene ahora para la parlamentaria?
La aprobación del informe de calificación no significa una sanción inmediata, pero sí abre la puerta a un proceso disciplinario. La Comisión de Ética revisará el expediente en la próxima sesión ordinaria, donde determinará:
- Si corresponde iniciar procedimiento sancionador,
- Si se solicitará descargos escritos o presenciales,
- Y si se requerirá información adicional o declaraciones del personal involucrado.
De acuerdo con el Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, las sanciones pueden incluir desde una amonestación pública, pasando por una suspensión del ejercicio de la función, hasta la recomendación de denuncia penal si se identifican indicios de delito.
El comunicado institucional del Congreso, emitido el 28 de octubre, recuerda que la comisión actuará dentro de los plazos y etapas formales. La expectativa es alta, ya que el caso ha captado interés público debido al contenido de las imágenes y al debate nacional sobre el comportamiento ético de los funcionarios.
Reacciones públicas: impacto mediático y presión social
El caso ‘Cortaúñas’ ha generado reacciones inmediatas en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron lo que consideran un acto de humillación hacia un trabajador del Estado. La polémica incluso dio lugar a memes, comentarios satíricos y fuertes críticas hacia el manejo del personal en el Parlamento.
Organizaciones civiles y especialistas en integridad pública señalaron que la investigación debe ser rápida y transparente. ¿Puede el Congreso sancionar un acto tan controvertido en medio de una crisis general de credibilidad?
Esa es una de las interrogantes que rodean el caso, en un contexto en el que el Parlamento enfrenta bajos niveles de aprobación ciudadana.
Mientras tanto, congresistas de diferentes bancadas han evitado pronunciarse abiertamente, aunque algunos señalaron —de manera reservada— que lo revelado “afecta la imagen institucional” y que el Congreso debe enviar un mensaje de intolerancia frente a cualquier abuso de recursos humanos.
Un caso emblemático para el debate sobre ética parlamentaria
La investigación contra Lucinda Vásquez no solo involucra un hecho puntual, sino que se inserta en una discusión más profunda sobre los límites del poder parlamentario y el uso adecuado de los recursos asignados a los congresistas.
Casos previos relacionados con choferes utilizados para tareas domésticas, asesores cumpliendo funciones ajenas o personal contratado sin labores claras ya han puesto en entredicho el sistema de supervisión interna del Congreso.
El caso ‘Cortaúñas’, por su contenido visual y su carga simbólica, podría convertirse en un punto de inflexión dentro de la Comisión de Ética para definir estándares más estrictos de conducta parlamentaria y reforzar mecanismos de control sobre el personal asignado a los despachos.
Conclusión: una investigación que marcará precedentes
La Comisión de Ética deberá evaluar si lo ocurrido constituye una infracción ética y si corresponde aplicar alguna sanción a la congresista Vásquez. Más allá del resultado, el caso ya se instaló en la agenda pública y se suma a una lista de episodios que cuestionan la conducta de los representantes populares.
La próxima sesión de la comisión será determinante. Allí se definirá si la investigación avanza a etapa sancionadora o si se archiva. Mientras tanto, el caso continúa generando debate, preguntas y presión ciudadana para que el Congreso actúe con rigor y transparencia.