La discusión sobre la minería ilegal volvió al centro del debate público tras la advertencia del alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre, quien alertó que el país enfrenta un problema que desborda al Ejecutivo y exige una respuesta articulada entre los tres poderes del Estado. Su declaración se produce cuando las cifras de violencia vinculadas al crimen organizado aumentan en regiones donde la minería informal e ilegal domina la economía local.
Un problema de Estado: ¿por qué el marco legal no funciona?
Durante una presentación oficial, García Esquerre aseguró que la raíz del problema está en un marco normativo debilitado, que no permite enfrentar de manera efectiva a las mafias dedicadas a esta actividad ilícita. “No es un problema solo del Ejecutivo; es un problema de Estado”, enfatizó.
Su declaración responde a una pregunta clave: ¿por qué los esfuerzos operativos no logran resultados sostenidos? Según el alto comisionado, la legislación vigente genera vacíos que impiden sancionar con contundencia, facilitar interdicciones o impedir que operadores ilegales se camuflen dentro de procesos de formalización paralizados por años.
En esa línea, destacó que la reciente decisión del Congreso de no ampliar la vigencia del Reinfo por dos años fue un paso correcto para evitar que miles de registros inactivos o irregulares continúen amparando prácticas ilícitas. Con ello también se cerró la puerta a que más de 50 mil registros excluidos –la mayoría sin actividad minera declarada– puedan retornar al padrón.
Formalización: un universo reducido pero todavía posible
García Esquerre precisó que esta depuración permitió reducir sustancialmente el número de mineros en proceso de formalización: de más de 31 mil, solo alrededor de 24 mil continúan vigentes. La pregunta inevitable es: ¿es realista formalizar a ese grupo? Para el alto comisionado, sí.
Explicó que la estrategia no se limita a formalizar, sino a ejecutar acciones paralelas que incluyen la erradicación de la minería ilegal, el ordenamiento territorial, y la recuperación ambiental de zonas devastadas por la actividad ilícita. Recordó que el Ejecutivo ya aprobó la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal, un marco integral que busca cerrar los espacios en los que operan las redes criminales.
El ‘Modelo Pataz’: ¿una ruta replicable?
Uno de los pilares de esta estrategia es el llamado Modelo Pataz, que ha permitido avances en la provincia liberteña, una de las más golpeadas por la violencia ligada a la explotación minera ilegal. La propuesta consiste en establecer rutas fiscales y puestos de control multisectoriales que operen de manera permanente.
Las preguntas clave son: ¿qué se controla en estos puntos? y ¿cómo se cierran las brechas logísticas que alimentan a las mafias?
Los puestos verifican todo lo que entra y sale: mineral transportado, combustibles, explosivos, insumos químicos y maquinaria. En esta tarea participan instituciones como Sunat, Sucamec y Sutran, claves para identificar cargamentos sospechosos, rastrear insumos y frenar operaciones ilegales que históricamente han aprovechado la falta de fiscalización.
Además, el Ministerio de Energía y Minas trabaja en la implementación de un sistema interoperable que unificará la información de estas entidades, permitiendo monitorear en tiempo real la trazabilidad de materiales críticos. Según García, este sistema garantizará una supervisión más robusta en los puestos de control y permitirá replicar el modelo en otras zonas críticas como Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho y Huánuco.
¿Hacia dónde apunta la reforma?
El alto comisionado subrayó que la lucha contra la minería ilegal debe sostenerse con presencia permanente del Estado. “El concepto es claro: vamos a erradicar, pero el Estado y las fuerzas del orden tienen que quedarse”, remarcó.
La gran reforma pendiente apunta precisamente a eso: eliminar los vacíos legales, reforzar la autoridad del Ejecutivo en la exclusión de registros, endurecer sanciones penales, y evitar que operadores ilegales se reacomoden bajo nuevas modalidades.
Todo esto ocurre en un contexto en el que el país enfrenta un avance sostenido del crimen organizado, que ha encontrado en la minería ilegal una de sus principales fuentes de financiamiento, junto con el narcotráfico y el contrabando de insumos.
La advertencia de García Esquerre es un recordatorio de que el combate a la minería ilegal no es un operativo policial aislado, sino una política de Estado pendiente de consolidación. La discusión sobre el Reinfo, la implementación del Modelo Pataz y la reforma del marco legal serán determinantes en los próximos meses para medir la capacidad del país de enfrentar una de sus amenazas más persistentes.