El abogado César Candela es experto en contrataciones con el Estado y tuvo un paso significativo con la cosa pública durante el segundo gobierno de Alan García donde, entre otros cargos, fue asesor de la Secretaría del Consejo de Ministros en el Despacho Presidencial.
– ¿Era necesario crear una nueva autoridad de infraestructura?
Me parece interesante y positivo haber creado esta institución que ha nacido para mantenerse en el tiempo, no solamente para ejecutar obras de infraestructura vinculadas a fenómenos climáticos, sino todo tipo de obras a partir de S/ 200 millones.
– Obras grandes…
Bajo dos marcos: el de los convenios de Gobierno de Gobierno y los procesos que regulan la contratación de empresas para ejecutar obras con otros organismos internacionales. Esto exime a la Autoridad de aplicar la Ley de Contrataciones con el Estado y, de alguna manera, evita la responsabilidad directa de los funcionarios y la responsabilidad directa de la Contraloría General de la República. Esto es bueno y malo.
– ¿Malo porque hemos llegado al punto que nadie quiere firmar nada pero malo porque se eliminan controles?
Se entiende que durante la ejecución puedas realizar tu labor tranquilo y el funcionario pueda disponer de los recursos sin mayor problema. Va a permitir una ejecución presupuestal rápida pero eso no significa que los ministerios no van a seguir ejecutando. La ANI solamente va a ejecutar los proyectos que apruebe el Consejo de Ministros.
– ¿Tiene sentido que los ministerios sigan funcionando como unidades ejecutoras?
Entiendo que el objetivo a mediano plazo es crear el Ministerio de Obras Públicas que centralice todo lo que vienen haciendo las unidades ejecutoras de los ministerios. La mayoría de obras importantes las realizan Educación, Salud y Transportes y Comunicaciones, que es básicamente el más importante. Y obviamente, los gobiernos regionales y locales. Con una nueva ley de contrataciones, los convenios de Gobierno a Gobierno deberían dejarse de utilizar por el alto costo que representan para el país. Sobre todo en el uso de recursos en el soporte técnico que implica la capacitación para los funcionarios que están rotando en las diferentes instituciones.
– ¿El Proyecto de ley de contrataciones presentado por el Ejecutivo va en la dirección correcta?
Es adecuado siempre y cuando se permita, antes de entrar en vigencia su reglamento, una capacitación muy agresiva del ejército de funcionarios y servidores que están vinculados a la ejecución del presupuesto. Es bastante distinta a la ley que está vigente en este momento y que ha sido modificada cinco veces.
– ¿Cuál es su espíritu de cambio?
Implementar herramientas bastante modernas. A nivel de América Latina nos pondrá en un nivel bastante alto.
– La ANI tiene una autoridad encargada. ¿El proceso avanza lento?
Ya debería designarse a su jefe. Hay un concurso con un grupo de finalistas. El encargado trata de avanzar rápido.
– ¿Por dónde debería comenzar la ANI para recuperar la confianza?
Lo primero es absorber los pasivos de la Reconstrucción con Cambios como saldar las cuentas pendientes de pago. Luego contar con personas altamente capacitadas técnicamente y con el conocimiento legal y en materia de ingeniería para poder implementar los nuevos procesos que se deben lanzar cuanto antes.
– ¿Cuáles deben ser las prioridades para aprobación en el Consejo de Ministros?
Hay un Plan Nacional de Competitividad de Infraestructura aprobado por el MEF en el año 2022, sobre la base de un primer plan de 2019, que establece en total 72 proyectos. La brecha en infraestructura al 2034 es de S/.363 mil millones. La línea tres y cuatro del metro y obras portuarias deberían estar entre las prioridades. Chancay, ha sido en realidad hecho con inversión directamente privada y no tiene nada que ver con los marcos legales existentes en este momento.
– ¿Eso entraña algún problema?
Ninguno. Al contrario, nos convierte en un eje importante para la reducción de costos en el envío de mercancías hacia Asia y viceversa. Reduce el tiempo en la importación y exportación y nos convierte más bien en un paso obligatorio de mercancías que vienen de otros países, por ejemplo de Chile. Así que hay que aprovechar esa inversión tan importante.
– ¿Cuándo deberían lanzarse los nuevos proyectos?
Calculo que para marzo aproximadamente. Pero hay que tener claro que la ANI tiene un aproximado de S/.4 mil millones para ejecutar este año, sin licitar nada nuevo. Es casi lo que se invirtió para los Panamericanos en 2019, que es muy probable que vuelvan a ser organizados en Lima en 2027.
– ¿Por qué fracasa el modelo de arbitraje?
Porque se ha convertido básicamente en un proceso de carácter judicial. Los procuradores terminaron apelando laudos cuando, según la misma ley, son inapelables. La mayoría de obras están paralizadas porque en un afán de evitar que gane el privado así tenga la razón, se quedan en elefantes blancos sin concluir presupuestos. Y el arbitraje se ha convertido en un monopolio. Los únicos centros que designan a los árbitros aquí los tienen la Cámara de Comercio de Lima y el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica. Los especialistas en la Junta de Resolución de Disputas que vienen les resultan súper caro al Estado. Es necesaria una modificación a la ley para permitir que otras personas puedan ingresar siendo peruanos. No se trata de nacionalidades sino de conocimientos.
– ¿Cuáles han sido los efectos del caso Lava Jato o el Club Chino de la Construcción?
Después de la pandemia, el ingreso de parte de empresas extranjeras al Perú es muy difícil. Se terminan desanimando por la cantidad de solicitudes que hacen los comités en distintos ministerios. Existen hasta ahora comités que, a través de terceros o directamente, solicitan el pago de beneficios económicos para obtener tal buena pro.
– Ahora se ha confirmado que Provías era un foco de corrupción. ¿Algo ha cambiado?
Tengo información de muchas empresas que las costumbres siguen igual. No solamente en el mundo de la construcción. Te cobran hasta para pagarte cuando es un derecho de los empresarios o el sector privado, como en cualquier persona natural, cobrar por el servicio que brindas. Tener que pagarle al Estado para que te pague es algo que habría que desaparecer. En Provías los funcionarios deberían pasar incluso por el detector de mentiras.
– ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales en la insuficiente capacidad de ejecución?
El dejar de gastar debería ser denunciado. Así se acaba la adicción de los improvisados. Y también reconocerte cuando eres un buen funcionario. Más normas para premiar a un funcionario. Un régimen de incentivos para los que logran, por ejemplo, otorgar correctamente licitaciones de montos importantes, ese funcionario se va a preocupar de hacer bien el proceso y no escuchar a aquella voz que viene a ofrecerle algo a cambio información privilegiada.
– ¿Para qué nace la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura?
Para complementar el espacio tan grande de voces que representen a muchos. No solamente empresas, sino también obreros, porque estamos por firmar un convenio con la Confederación de Trabajadores del Perú. Vamos constantemente al Parlamento a defender nuestras propuestas. Y la infraestructura que está vinculada a todo es un eje de la economía que puede generar 1.2 puntos del PBI, como lo hace la minería. Vas por las ciudades del norte y todo está destrozado por una mala gestión. En Miraflores se ha gastado solo el 10% de su presupuesto. Se han dejado de gastar miles de millones de soles el año pasado, siendo un país donde hemos terminado con 600 mil pobres más. ¿Qué está pasando?
