¿En qué gastó Fuerza Popular? Estas son las razones por las que la ONPE multó al partido de Keiko Fujimori

El partido de Keiko Fujimori recibió una multa de S/ 200 mil y perderá el 50% de su financiamiento tras gastar recursos en viajes a Silicon Valley y cursos religiosos.

por Kate Juarez
Keiko Fujimori Fuerza Popular

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó al partido Fuerza Popular de la candidata presidencial Keiko Fujimori por utilizar financiamiento público directo (FPD) en actividades y gastos que, según la entidad electoral, no cumplían con los fines establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas.

La resolución concluyó que la agrupación incurrió en una infracción muy grave tras detectar pagos vinculados a capacitaciones en Estados Unidos, una maestría en gestión pública, intereses moratorios y otros conceptos considerados ajenos a la finalidad del financiamiento estatal destinado a los partidos políticos.

¿Por qué la ONPE sancionó a Fuerza Popular?

La Resolución Jefatural-PAS 000018-2026-JN/ONPE señala que las observaciones surgieron tras las acciones de control realizadas sobre los gastos ejecutados por Fuerza Popular durante el primer y segundo semestre de 2024.

Según la ONPE, el partido utilizó recursos públicos “para fines diferentes a los señalados en la Ley de Organizaciones Políticas”, conducta considerada como una infracción muy grave.

La sanción contempla una multa cercana a S/200 mil y la pérdida del 50% del financiamiento público directo correspondiente al semestre vigente cuando la resolución quede firme.

Viaje a California y visitas a Silicon Valley fueron observados

Uno de los principales gastos cuestionados corresponde a una actividad denominada “Capacitación, conferencias e intercambio académico en el Estado de California, Estados Unidos”, valorizada en más de S/27 mil.

De acuerdo con la resolución, el programa incluyó recorridos y reuniones en ciudades como San Francisco, Sacramento y Napa Valley, además de visitas a universidades y compañías tecnológicas.

Entre las instituciones visitadas figuran:

  • Stanford University
  • University of California Berkeley

Sin embargo, la ONPE sostuvo que la documentación presentada no acreditaba que dichas actividades constituyeran una capacitación técnica para participación política, requisito exigido por el reglamento del financiamiento partidario.

ONPE también observó curso “The Leader’s Fellowship”

Otro de los gastos observados fue el relacionado con el programa “The Leader’s Fellowship”, que incluía el pago del curso y pasajes aéreos por más de S/15 mil.

Según la entidad electoral, el contenido del programa estaba orientado a temas vinculados con principios religiosos, valores, familia y libertad de fe, aspectos que no encajaban dentro de la capacitación técnica política financiable con recursos públicos.

La ONPE recordó que el financiamiento estatal debe utilizarse para fortalecer capacidades vinculadas directamente a la participación política y formación ciudadana.

Observan pago de maestría e intereses moratorios

La resolución también cuestionó el uso de S/100 mil para financiar una maestría en Gestión Pública.

La ONPE indicó que parte de las actividades académicas del programa se desarrollaban fuera del periodo legal correspondiente al uso del financiamiento público asignado al partido.

Además, la entidad observó pagos por intereses moratorios por S/37.92, al considerar que no guardaban relación con necesidades operativas ni con el fortalecimiento institucional de la agrupación política.

Fuerza Popular rechazó los cuestionamientos

Durante el procedimiento sancionador, Fuerza Popular cuestionó la interpretación de la ONPE y sostuvo que las actividades observadas sí tenían relación con formación y difusión política.

El partido argumentó además que la entidad electoral aplicó criterios restrictivos no previstos expresamente en la ley.

No obstante, la ONPE rechazó esos argumentos y señaló que permitir cualquier actividad bajo el concepto amplio de “formación política” implicaría debilitar los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos.

La resolución concluye que el uso indebido del financiamiento estatal afecta la confianza ciudadana y distorsiona la finalidad pública del sistema de financiamiento partidario.

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