La Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que plantea la inhabilitación definitiva para empresas nacionales y extranjeras que abandonen obras públicas. La medida, que deberá ser evaluada por el Pleno, modifica las leyes de contrataciones del Estado y de responsabilidad penal de personas jurídicas. La propuesta recibió 15 votos a favor y cuatro abstenciones.
El dictamen contempla sanciones como la suspensión de actividades, la inhabilitación para participar en futuras licitaciones y la creación de un Registro Nacional de Inhabilitados, a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Este registro evitará que compañías sancionadas continúen contratando con el Estado bajo otros nombres o estructuras jurídicas.
Las iniciativas fueron impulsadas por el Ejecutivo y el congresista Wilson Soto (Acción Popular), y buscan cerrar vacíos legales que permiten la reincidencia de empresas vinculadas a corrupción o incumplimientos. De acuerdo con la Contraloría General, en el Perú hay 2 572 obras paralizadas que comprometen más de S/ 43 mil millones en inversión pública.
La mayor parte de estas obras inconclusas corresponden a gobiernos locales y regionales. Cusco, Puno y Áncash lideran la lista de regiones con más proyectos detenidos. La aprobación del dictamen busca revertir esta crítica situación y garantizar que el Estado no siga siendo rehén de contratistas irresponsables.