Embajador peruano en OEA cuestiona comunicado de la CIDH sobre indulto a Fujimori

Gustavo Adrianzén, representante de Perú ante la OEA, les sugiere que no deberían mediatizar un proceso jurisdiccional.

Gustavo Adrianzén y Alberto Fujimori.
Gustavo Adrianzén y Alberto Fujimori.

El embajador peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, expresó su desacuerdo el pasado sábado con el comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con la reciente decisión del Gobierno de Dina Boluarte de liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Adrianzén, a través de su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), destacó que el comunicado de la CIDH carece de imparcialidad y objetividad informativa, sugiriendo que refleja una perspectiva parcial en los casos mencionados. Enfatizó que la CIDH debe exponer sus argumentos ante la Corte IDH utilizando los procesos establecidos, «sin recurrir a comunicados de prensa que indebidamente mediatizan un proceso que debería ventilarse únicamente ante la instancia jurisdiccional correspondiente.»

El representante peruano argumentó que la CIDH debería limitarse a exponer sus argumentos ante la Corte IDH, utilizando los mecanismos procesales establecidos, «en lugar de recurrir a comunicados de prensa que, según él, indebidamente mediatizan un proceso que debería ventilarse únicamente ante la instancia jurisdiccional correspondiente.» Adrianzén afirmó que el Estado peruano se reserva el derecho de expresar su postura ante la Corte IDH.

La CIDH, en su comunicado, expresó su preocupación por la excarcelación de Fujimori, señalando que esta acción contravino las obligaciones internacionales del Estado y desatendió las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó al gobierno de Boluarte la obligación de acatar las decisiones de la Corte IDH en el ejercicio de sus facultades de supervisión y emisión de medidas provisionales.

La CIDH hizo un llamado enérgico al Estado peruano para que tome medidas efectivas que garanticen el acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, «en respeto a su dignidad.»