Un policía convertido en símbolo de impunidad. Esa es la historia de Víctor Hinostroza Luque, conocido como ‘Rayo’, condenado a 20 años de prisión por el millonario robo de lingotes de oro en el Callao y, sin embargo, prófugo de la justicia. El caso no solo expone su doble vida —agente de la PNP de día y asaltante de noche—, sino también la peligrosa facilidad con la que el sistema judicial y policial permite que criminales con uniforme burlen condenas y vuelvan a delinquir.
El hecho ocurrió en agosto de 2021, cuando un grupo armado con chalecos policiales falsos montó un falso operativo para interceptar un vehículo de seguridad y hacerse con casi un millón de dólares en oro. Las investigaciones fiscales confirmaron que uno de los cerebros de la operación era Hinostroza, en ese entonces aún policía activo.
¿Por qué sigue libre un condenado a 20 años?
El Juzgado Penal Colegiado Transitorio del Callao dictó sentencia el 18 de julio de 2025, imponiendo dos décadas de cárcel y una reparación civil superior a 842 mil dólares. Sin embargo, cuando se dio la lectura, el acusado ya no estaba tras las rejas: en mayo de 2023 había sido excarcelado por exceso de carcelería, lo que hoy se traduce en un prófugo que se burla de la justicia.
La situación genera indignación. ¿Cómo es posible que un policía procesado por un asalto de tal magnitud haya logrado recuperar su libertad? Este cuestionamiento apunta tanto a las debilidades procesales como a la lentitud en las investigaciones, que prolongan los juicios más allá de los plazos legales y terminan favoreciendo a los acusados.
Una reincidencia que agrava la crisis
El caso no termina en 2021. En marzo de 2025, la Fiscalía volvió a vincular a ‘Rayo’ con otro asalto: seis kilos de oro fueron robados en una operación similar en el Callao. El atraco terminó en un tiroteo con la Marina, dejando un policía muerto. Según las pesquisas, Hinostroza dirigió la operación a distancia y se comunicaba con sus cómplices a través de mensajes cifrados.
Este señalamiento revela una reincidencia alarmante: un exsuboficial con antecedentes directos en un robo millonario habría organizado un nuevo atraco apenas dos años después de su liberación. El hallazgo refuerza la hipótesis de que no se trataba de un “policía infiltrado” aislado, sino de un operador criminal que conocía los protocolos de seguridad y sabía cómo burlarlos.
¿Un problema estructural en la Policía Nacional?
El caso de ‘Rayo’ abre un debate mayor: ¿qué tan infiltrada está la PNP por el crimen organizado? No es la primera vez que agentes en actividad aparecen involucrados en secuestros, extorsiones o tráfico de drogas. Sin embargo, la dimensión de este caso —un robo de oro bajo modalidad de operativo policial falso— golpea directamente la credibilidad institucional.
El hecho de que un policía haya sido parte de una organización criminal y que, pese a ser identificado y procesado, continúe libre, se convierte en un mensaje devastador para la ciudadanía. La reincidencia de Hinostroza muestra cómo el sistema de seguridad y justicia, lejos de cerrarle las puertas al delito, terminó otorgándole más espacio para operar.
Consecuencias para la seguridad ciudadana
La presencia de policías involucrados en crimen organizado no solo mina la confianza en las instituciones, sino que incrementa la percepción de inseguridad en regiones como el Callao, uno de los epicentros del narcotráfico y el contrabando en el país.
La historia de ‘Rayo’ refleja que no se trata de simples “manzanas podridas”, sino de estructuras que permiten que los agentes actúen como dobles operadores: con placa en el día y como cabecillas criminales en la noche.
¿Qué hará ahora la justicia?
Con la condena firme y la orden de captura vigente, la gran pregunta es: ¿qué acciones concretas tomará la justicia y la Policía Nacional para ubicar y detener a ‘Rayo’? Su caso podría convertirse en un precedente para reforzar las medidas de control interno y la depuración en la institución policial, siempre que no quede en un nuevo episodio de impunidad.
La Fiscalía y el Ministerio del Interior enfrentan ahora la presión pública de mostrar resultados inmediatos. Cada día que pasa sin que se ejecute la sentencia fortalece la narrativa de que en el Perú los delincuentes —incluso los vestidos de uniforme— tienen más oportunidades que las víctimas.