Por: César Mitchell Zuñiga Domínguez
La capital peruana ha despertado en 2026 con el mismo aroma a pólvora con el que despidió el año anterior. El primer fin de semana del año no trajo la esperanza de un nuevo comienzo, sino una cifra que hiela la sangre: 10 asesinatos en menos de 72 horas. Todos bajo la modalidad de sicariato; todos ejecutados con la frialdad de quien se sabe impune.
A pesar de que el gobierno del presidente José Jerí ha intentado contener la marea de violencia mediante estados de emergencia, el último de ellos vigente desde el 21 de diciembre de 2025, la realidad en las calles desmiente la eficacia de la medida. No es el primer intento; Lima y Callao ya pasaron por estados de excepción en octubre y noviembre del año pasado, pero los resultados son, por decir lo menos, desalentadores.
Las cifras del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) son el acta de defunción de una estrategia fallida, por lo siguiente:
i) Bajo la gestión actual, se registran 475 homicidios, un promedio aterrador de 5,61 asesinatos por día;
ii) El 2025 cerró con 2.226 asesinatos, más que el 2024, un incremento del 7%; y
iii) Existe un subregistro alarmante: al menos 60 muertes violentas por proyectil de arma de fuego figuran como “ignoradas”, lo que sugiere que la tragedia es incluso mayor de lo que admiten las estadísticas oficiales.
La pregunta es inevitable: ¿ha claudicado la autoridad del Estado ante el crimen organizado? La sensación de un tejido social descompuesto es innegable. La presencia militar en las calles y los paseos presidenciales por las comisarías se han convertido en una puesta en escena que no detiene las balas.
El problema de fondo no es la falta de patrulleros, sino un sistema excesivamente garantista que ata de manos a la Policía Nacional del Perú. Mientras los operadores de justicia se vean obligados a seguir procedimientos que favorecen a la “lacra” social en lugar de a la víctima, cualquier plan de seguridad ciudadana nacerá muerto. “De nada sirve mover agentes administrativos a las calles o redistribuir unidades policiales si, al final del día, las leyes impiden un proceso rápido y contundente”.
En los próximos días, el Ejecutivo presentará un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, esta vez con el asesoramiento de agencias internacionales como el FBI, entre otras. El presidente Jerí ha enfatizado que este debe ser un proyecto de Estado que trascienda su mandato. Sin embargo, la cooperación internacional y los nuevos planes estratégicos serán insuficientes si no vienen acompañados de una reforma legislativa integral.
Es imperativo:
i) Derogar leyes que debilitan la operatividad policial;
ii) Endurecer las sanciones penales de forma drástica; y
iii) Unificar la sintonía entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Lima no necesita más parches ni estados de emergencia de papel. Necesita una cirugía mayor en su sistema legal. La criminalidad ya no es solo una amenaza; es una realidad que nos está ganando la partida. Si el Estado peruano no actúa con una contundencia real y legislativa en estos meses restantes de mandato, el “plan de seguridad” será solo otro documento guardado en un cajón, mientras las calles se siguen tiñendo de rojo.