El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva dictado en su contra en el marco del proceso penal que afronta por el caso “Los cuellos blancos del puerto”, una de las mayores redes de corrupción judicial destapadas en el país en la última década.
La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa del exmagistrado contra la resolución emitida en agosto de 2025 por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien ya había rechazado sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa, como la comparecencia simple.
La resolución que ratifica la prisión preventiva
Según el fallo supremo, los fundamentos que justificaron la imposición de la medida coercitiva de 36 meses de prisión preventiva se mantienen vigentes y no han sido desvirtuados por los argumentos presentados por la defensa de Hinostroza. La sala consideró que la resolución apelada se ajusta a la normativa procesal y respeta los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
“El tribunal estima que todavía se justifica la medida coercitiva impuesta de prisión preventiva, y no su sustitución por una de menor intensidad”, señala la resolución judicial, a la que tuvo acceso la prensa. En ese sentido, la Corte Suprema concluyó que no existen nuevos elementos que permitan variar la situación jurídica del exjuez supremo.
Los argumentos de la defensa legal
El recurso de apelación fue presentado el 28 de agosto de 2025, apenas seis días después de que el juez Checkley declarara infundada la solicitud inicial. En dicho recurso, la defensa de Hinostroza alegó una supuesta vulneración al principio de legalidad, así como al derecho a la libertad personal, el debido proceso, la debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la prueba.
Además, sostuvo que los “graves y fundados elementos de convicción” que sustentaron la prisión preventiva dictada en octubre de 2018 se habrían debilitado con el paso del tiempo, especialmente en lo referido a los delitos imputados por el Ministerio Público.
Sin embargo, la Corte Suprema desestimó estos argumentos y señaló que el recurrente no logró demostrar que hayan desaparecido los presupuestos que justifican la prisión preventiva, ni que la resolución impugnada carezca de sustento jurídico suficiente.
Los delitos imputados en el caso “Los cuellos blancos”
César Hinostroza es investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, todos en agravio del Estado peruano. De acuerdo con la acusación fiscal, el exjuez supremo habría integrado —y liderado— una red criminal enquistada en el sistema de justicia, que operaba mediante favores, influencias y decisiones judiciales irregulares.
El Ministerio Público sostiene que Hinostroza cumplía un rol central dentro de la organización conocida como “Los cuellos blancos del puerto”, articulando contactos entre magistrados, fiscales, consejeros del extinto CNM y otros operadores del sistema judicial.
Una investigación que se mantiene activa
La prisión preventiva contra Hinostroza fue dictada originalmente el 21 de octubre de 2018, en el punto más álgido del escándalo que sacudió al Poder Judicial tras la difusión de audios que evidenciaban presuntas coordinaciones ilícitas entre altos funcionarios del sistema de justicia.
Desde entonces, el exmagistrado ha intentado en diversas oportunidades revertir la medida, sin éxito. Para el Poder Judicial, el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos siguen siendo factores determinantes para mantener la medida coercitiva.
Hinostroza y su situación en el extranjero
A la fecha, César Hinostroza se encuentra radicando en Bélgica, país ante el cual el Estado peruano ha formulado dos pedidos de extradición. Ambos requerimientos continúan en evaluación por parte de las autoridades belgas, mientras el proceso penal en el Perú sigue su curso.
Además del caso “Los cuellos blancos del puerto”, sobre Hinostroza pesan otras investigaciones fiscales, lo que refuerza, según el Ministerio Público, la necesidad de mantener vigentes las medidas restrictivas dictadas en su contra.
El impacto institucional del caso
El caso Hinostroza se ha convertido en un símbolo del colapso institucional que atravesó el sistema judicial peruano y del proceso de reformas impulsado tras el escándalo. La ratificación de la prisión preventiva es leída por diversos sectores como una señal de continuidad en la lucha contra la corrupción judicial, en un contexto en el que la credibilidad de las instituciones sigue siendo frágil.
Para la Corte Suprema, la prioridad sigue siendo garantizar que el proceso penal se desarrolle sin interferencias, asegurando la presencia del investigado y la correcta actuación de la justicia.