POR: VÍCTOR LÓPEZ
El mayor enemigo de un peruano es otro peruano, sobre todo el Congreso del Perú. Esta afirmación se enlaza con el reciente intento de ampliar, una vez más, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Aunque intentaron disfrazar esta solicitud como una medida de apoyo social, la realidad es que se trataba de una evidente cubierta para la minería ilegal. El REINFO, fue creado con el “inocente” objetivo de permitir la formalización de pequeños mineros y distinguirlos de los ilegales, ha generado el efecto contrario. Hoy en día, lejos de ser un puente hacia la legalidad, funciona como una “zona gris” que encubre a quienes llevan a cabo operaciones mineras ilícitas bajo una fachada lícita.
Esta “zona gris” opera de manera peligrosa: al inscribirse en el REINFO, los mineros artesanales obtienen un estatus que los hace parecer mineros en proceso de formalización, lo que dificulta su fiscalización y limita la intervención de las autoridades ante una posible comisión del delito de Minería Ilegal, el cual se encuentra tipificado en el artículo 307-A del Código Penal. Es así como, en la práctica, este registro les permite comprar insumos, transportar material y mover dinero como si fueran actores legales, cuando en realidad continúan explotando territorios prohibidos, vulnerando el medio ambiente y evadiendo cualquier responsabilidad ambiental. Ante este “ecosistema criminal”, según Nicolás Zevallos (2024), no solo se comete minería ilegal, sino que se articulan hasta 21 tipos penales conexos, incluyendo la extorsión, la trata de personas y el sicariato.
Es fundamental recordar que el REINFO nació bajo una premisa de excepcionalidad y con plazos perentorios. Lamentablemente, este límite temporal ha sido vulnerado reiteradas veces por el Congreso, llegando al extremo de evaluar una nueva ampliación que busca estirar esta cobertura hasta diciembre de 2026. Esta insistencia no responde a una lógica de formalización real, sino a una presión política cuestionable. Las cifras son la mejor evidencia del fracaso del sistema: tras tantos años de vigencia, de los 84 000 Reinfo inscritos, apenas el 2.4% ha logrado formalizarse (Rodolfo García, 2025). El inmenso resto permanece en el registro sin completar el proceso, utilizándolo únicamente para operar sin control.
Por todo ello, la denegatoria de la ampliación es una decisión acertada y urgente. Seguir prorrogando un mecanismo que ha demostrado una ineficacia de casi el 98% no hubiera sido un acto legislativo, sino una complicidad con el desorden y las organizaciones criminales. Mantener el REINFO abierto indefinidamente solo serviría para entorpecer la investigación del Ministerio Público ante la comisión de una serie de delitos. El Estado debe recuperar su capacidad fiscalizadora y entender que el proceso de formalización no puede ser la vía ordinaria. En ese sentido, resulta necesaria la implementación de políticas criminales que puedan, verdaderamente, luchar contra la impunidad, cerrando las brechas legales que hoy permiten el blanqueo de minerales y el blindaje legal de la minería ilegal.