El Gobierno prorrogó por 30 días calendario el estado de emergencia en Lima 2026 y en la provincia constitucional del Callao, con el objetivo de enfrentar la creciente criminalidad y otros hechos de violencia. La medida entrará en vigencia desde el lunes 30 de marzo, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 044-2026-PCM.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, en una estrategia que busca reforzar la seguridad ciudadana en Lima y Callao. La intervención se realizará en zonas previamente identificadas mediante inteligencia policial, estadísticas y mapas del delito.
Control policial y apoyo militar
La prórroga del estado de emergencia en Perú establece que la Policía será la principal responsable del control interno, mientras que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo en las operaciones de seguridad.
Las zonas de intervención serán determinadas en función de indicadores de criminalidad, lo que permitirá focalizar los esfuerzos en áreas con mayor incidencia delictiva. Este enfoque busca optimizar los recursos y mejorar la efectividad de las acciones contra el crimen.
Restricción de derechos constitucionales
Como parte de la medida, se aplicarán restricciones a determinados derechos constitucionales, conforme al artículo 137 de la Constitución. Entre ellos figuran la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.
Estas disposiciones forman parte del marco legal del estado de emergencia en Lima y Callao, que permite al Estado adoptar medidas excepcionales para restablecer el orden interno frente a situaciones de alta inseguridad.
Reglas para actividades públicas
Durante la vigencia de la medida, las actividades masivas de carácter religioso, cultural, deportivo o recreativo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. Esto permitirá evaluar las condiciones de seguridad antes de su realización.
En cambio, las actividades que no impliquen grandes concentraciones de personas podrán desarrollarse sin necesidad de permiso. Esta disposición busca equilibrar la seguridad pública en Perú con el desarrollo de actividades sociales.
Marco legal de la intervención
La intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se realizará conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1186 y el Decreto Legislativo N.º 1095, así como sus respectivos reglamentos.
Además, se aplicará el protocolo de actuación conjunta del Estado para la atención de personas en condición de vulnerabilidad, especialmente en contextos de detención o intervención policial. Este enfoque busca garantizar el respeto de los derechos humanos en medio de la lucha contra la criminalidad en Perú.
Financiamiento de las acciones
Las acciones previstas durante el estado de emergencia serán financiadas con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, así como con recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, según la disponibilidad presupuestal.
Esto permitirá sostener las operaciones de seguridad y asegurar la continuidad de las intervenciones en zonas críticas, reforzando la capacidad del Estado para enfrentar el delito.
Estrategia frente a la inseguridad
La prórroga del estado de emergencia forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para combatir la delincuencia y recuperar el control del orden interno. En los últimos meses, la inseguridad en Lima y Callao se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Ante este escenario, el Ejecutivo ha optado por mantener medidas excepcionales que permitan una respuesta más rápida y contundente frente a las organizaciones criminales.
Medida bajo evaluación constante
El Gobierno continuará evaluando los resultados de esta medida para determinar su impacto en la reducción de la criminalidad. La efectividad del estado de emergencia en Lima 2026 dependerá de la coordinación entre las instituciones y del uso eficiente de los recursos disponibles.
La ciudadanía, por su parte, permanece atenta a los resultados de estas acciones, en un contexto donde la demanda por mayor seguridad sigue en aumento.