La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció este viernes un plan de contingencia nacional frente a la crisis de suministro de gas natural, la cual ha golpeado con mayor severidad a Lima Metropolitana y el Callao. Con el objetivo de descongestionar las vías y reducir el consumo energético, el Gobierno ha dispuesto la implementación obligatoria del teletrabajo en el sector público y ha exhortado a las empresas privadas a adoptar la misma modalidad laboral.
Medidas de impacto inmediato
La estrategia busca reducir la demanda de movilidad urbana mientras se estabiliza la cadena de distribución del recurso. Entre las disposiciones clave destacan:
- Teletrabajo: Obligatorio para el sector público en Lima y Callao durante el periodo de emergencia.
- Virtualidad educativa: Clases remotas por una semana en todos los niveles educativos (colegios, institutos y universidades), tanto públicos como privados.
- Flexibilidad industrial: Se promoverá el adelanto de vacaciones en las industrias con mayor dependencia energética.
Priorización y apoyo social
La jefa del gabinete ministerial enfatizó que el proceso de racionalización tiene como prioridad innegociable el suministro domiciliario y los sectores críticos. «El objetivo es garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan», sostuvo Miralles. Se ha asegurado el abastecimiento para más de 2 millones de hogares, además de servicios esenciales como salud, telecomunicaciones, banca y seguridad.
En paralelo, el Gobierno ha lanzado un paquete de medidas para aliviar el impacto económico en los sectores más vulnerables:
- Incremento del Vale FISE: El subsidio para la compra de balones de gas doméstico subirá de S/ 20 a S/ 30 durante los próximos 30 días, beneficiando a 1,3 millones de familias.
- Respaldo a taxistas: El Estado asumirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión a GNV para aproximadamente 165 mil vehículos, brindando un respiro financiero a los conductores afectados por la falta de combustible.
Fiscalización contra la especulación
Para evitar abusos en el mercado, Indecopi y Osinergmin han recibido la orden de intensificar el monitoreo en grifos y centros de distribución. La Premier advirtió que el acaparamiento y el incremento injustificado de precios serán sancionados rigurosamente, tipificándose como infracciones graves al Código de Protección y Defensa del Consumidor durante el estado de emergencia.
El Gobierno permanece en sesión permanente, evaluando la evolución del abastecimiento y la normalización de la infraestructura energética, con el fin de proteger la continuidad de las actividades críticas y el bienestar de los usuarios.