La presidenta Dina Boluarte anunció nuevas medidas desde el Ejecutivo contra la minería ilegal, tras los recientes atentados que dejaron tres trabajadores muertos en la minera Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, La Libertad. Durante una reunión denominada Cuarto de Guerra en Palacio de Gobierno, donde participaron ministros y altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Boluarte enfatizó que “no hay espacio para la minería ilegal” en su gobierno, señalando que esta actividad perjudica tanto las áreas naturales del país como la economía nacional.
Boluarte enfatizó que la delincuencia no debe desestabilizar la economía, especialmente en sectores cruciales como la minería. “Actuaremos con determinación y contundencia contra estos criminales”, afirmó, añadiendo que la informalidad y la ilegalidad solo traen atraso al país.
En respuesta a la situación, Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal, anunció la activación de una división especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la creación de puestos de vigilancia en las carreteras que permiten el ingreso y salida de material minero. Esta división estará liderada por un oficial de alta graduación y se coordinará con las empresas para garantizar la trazabilidad del material y de los explosivos.
García Esquerre también señaló que se están preparando cambios en la normativa relacionada con las licencias mineras y la comercialización del mineral, así como la activación de grupos especiales de investigación y de inteligencia para combatir la minería ilegal. La estrategia se enfocará especialmente en las áreas con alta criminalidad, como Pataz, para asegurar un enfoque más riguroso en la lucha contra este flagelo.
Nuevo atentado en Pataz
En la madrugada del 28 de marzo, la Minera Poderosa fue blanco de un nuevo ataque armado.
Un grupo de personas armadas derribó una torre de alta tensión, lo que dejó sin energía a operaciones clave y resultó en la muerte de un minero.
Este ataque se suma a una serie de incidentes violentos que han afectado a la empresa, presuntamente relacionados con el auge de la minería ilegal en la región.
A lo largo de los últimos años, la minera ha sufrido 17 ataques, que han cobrado la vida de 18 trabajadores y han permitido que grupos de mineros ilegales se apoderen de al menos 25 galerías. A pesar del estado de emergencia y la presencia de fuerzas del orden, la situación sigue siendo crítica.
El reciente atentado también causó que más de 50 trabajadores presentaran síntomas de gaseamiento debido a la quema de llantas por parte de los agresores. Estos empleados fueron evacuados a una posta médica para recibir atención. La creciente violencia en la zona plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la estabilidad de las operaciones mineras.
