El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha puesto sobre la mesa uno de los problemas más invisibles pero más lucrativos para las organizaciones delictivas: la circulación de vehículos robados, autos siniestrados reutilizados y placas de rodaje clonadas. Una actividad que sostiene extorsiones, asaltos, sicariato y lavado de activos, y que ha logrado instalarse como una industria paralela que el Estado busca desactivar mediante una reforma legal urgente.
La iniciativa forma parte del paquete de facultades delegadas que el Ejecutivo pidió al Congreso para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana. El sector ha presentado un proyecto que modifica el Decreto Legislativo 1214, norma clave en materia de identificación vehicular pero que, hasta hoy, mantiene vacíos legales que permiten que las mafias sigan operando.
Para comprender la magnitud del problema, basta un dato: 70 denuncias diarias por robo o hurto de vehículos. A esto se suma el negocio de comprar autos siniestrados para reutilizar sus placas, chasis o número VIN y colocarlos en autos robados que luego circulan como si fueran legales. Una práctica silenciosa, pero enormemente rentable.
El circuito delictivo: cómo se “blanquea” un auto robado en el Perú
Los especialistas del sector consideran que uno de los puntos más críticos es la facilidad con la que organizaciones criminales logran duplicar placas falsas, presentar poderes notariales fraudulentos o usar autos siniestrados —muchas veces declarados como pérdida total— para generar nuevas identidades vehiculares.
¿Cuál es el problema central?
Las normas actuales no obligan a cerrar la partida registral de un vehículo siniestrado, lo que permite que su placa siga existiendo. Esto abre una ventana perfecta para que las mafias compren estos autos en desuso, rescaten sus datos registrales y los trasladen a unidades robadas.
Además, la solicitud de duplicados de placas puede hacerse con denuncias simples, sin ningún tipo de verificación técnica ni peritaje obligatorio. El acceso fácil a documentos falsificados hace el resto del trabajo.
La propuesta del MINJUSDH: cerrar fugas y cortar la cadena delictiva
La reforma planteada por el Ministerio de Justicia propone dos cambios centrales que podrían transformar la respuesta del Estado frente a este fenómeno:
1. Cierre obligatorio del registro de vehículos siniestrados
Cuando un vehículo sea declarado pérdida total, las compañías aseguradoras deberán solicitar al Registro de Propiedad Vehicular el cierre de la partida por caducidad de la placa. Esto impedirá que la identidad de un auto destruido sea usada nuevamente.
Este paso es clave para impedir el reciclaje del chasis documental, una de las técnicas más frecuentes para “revivir” autos robados.
2. Peritaje obligatorio antes de emitir duplicados de placas
El proyecto exige que toda denuncia de pérdida, robo o deterioro de una placa de rodaje solo pueda procesarse si el vehículo pasa primero por un peritaje gratuito de identificación vehicular.
Este filtro técnico permitirá verificar el origen de la unidad, confirmar que no exista adulteración y bloquear el intento de usar placas falsas o duplicadas para “legalizar” vehículos robados.
Impacto inmediato: menos autos robados circulando, menos delitos asociados
De acuerdo con el MINJUSDH, estas medidas están diseñadas para producir resultados rápidos. Si se aprueban, el país verá:
- La reducción drástica del número de autos robados que logran circular con documentos adulterados.
- La eliminación de la práctica de usar placas de vehículos siniestrados para actividades criminales.
- Un mayor nivel de trazabilidad para la policía y fiscales al momento de intervenir unidades sospechosas.
- El cierre de una ruta crucial en el tráfico ilegal de autopartes y vehículos.
¿Por qué es importante atacar este eslabón?
Porque los vehículos adulterados no son casos aislados: constituyen la infraestructura logística de múltiples delitos, desde robos agravados y extorsiones hasta secuestros y sicariato. Sin autos “legalizados”, muchas operaciones criminales pierden movilidad.
Un problema que afecta la confianza ciudadana
Para el Ministerio de Justicia, este no es solo un asunto técnico. La facilidad con la que autos robados circulan sin control ha erosionado la confianza de la ciudadanía y expone a miles de familias a robos violentos o fraudes al momento de comprar vehículos usados.
El sector sostiene que la reforma apunta a darle al sistema legal herramientas modernas y alineadas con estándares internacionales. Países como Chile, España y Colombia han tomado medidas similares para cortar la cadena delictiva vinculada al uso ilegal de autos siniestrados.
Una estrategia integral en el marco de la seguridad ciudadana
El Ejecutivo ha insistido en que estas reformas forman parte de un enfoque integral que articula acciones con la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público. El objetivo es atacar la criminalidad organizada desde varios frentes simultáneos: prevención, control registral, inteligencia financiera y disuasión penal.
El MINJUSDH subraya que estas medidas “no solo actualizan la norma, sino que modernizan la capacidad del Estado para intervenir en mercados ilícitos altamente dinámicos y en constante evolución”.