El Poder Ejecutivo dio un nuevo paso en el proceso judicial contra la organización criminal conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, al aprobar formalmente la solicitud de extradición activa de Miguel Ángel Miranda Mendoza, exjuez de la Corte Superior de Justicia del Callao. El investigado se encuentra actualmente en España, país al que el Estado peruano solicitará su entrega para que enfrente a la justicia por presuntos delitos de corrupción.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 279-2025-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano, y cuenta con la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El documento autoriza el inicio del trámite internacional para que Miranda Mendoza sea procesado en el Perú por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio.
Resolución suprema respalda pedido judicial
La resolución señala expresamente que se accede a la solicitud formulada por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria Nacional, instancia que tiene a su cargo el proceso penal vinculado al caso Cuellos Blancos. Con esta medida, el Ejecutivo respalda el requerimiento judicial y habilita al Estado peruano a realizar las gestiones diplomáticas necesarias ante las autoridades españolas.
El caso por el que se solicita la extradición se encuentra en una etapa avanzada. En diciembre de 2024, el Ministerio Público formuló acusación contra Miranda Mendoza, solicitando una pena de cuatro años y siete meses de prisión, como parte del proceso penal seguido contra diversos integrantes de la red que operó en el sistema judicial del Callao.
Investigación por corrupción judicial
Miguel Ángel Miranda Mendoza figura como uno de los procesados dentro del expediente que investiga a la presunta organización criminal dedicada a manipular procesos judiciales, favorecer intereses particulares y alterar decisiones jurisdiccionales a cambio de beneficios indebidos.
Según la Fiscalía, Miranda habría formado parte de una estructura criminal que operaba desde el interior del sistema de justicia, con ramificaciones que alcanzaron a jueces, funcionarios, asesores y abogados. El caso Cuellos Blancos del Puerto se convirtió en uno de los mayores escándalos judiciales del país, al revelar prácticas sistemáticas de corrupción en el Callao.
El Ministerio Público investiga actualmente a más de 40 personas vinculadas a esta red, cuyos actos habrían tenido impacto directo en la administración de justicia y motivaron posteriores reformas institucionales.
Antecedentes disciplinarios del exjuez
Los antecedentes de Miranda Mendoza se remontan al año 2019, cuando fue suspendido de sus funciones como magistrado. En ese entonces, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial le impuso una suspensión de seis meses por presuntamente haber aceptado una transferencia irregular de 2 mil soles realizada por Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao.
De acuerdo con los informes administrativos, dicha transferencia habría tenido como finalidad favorecer los intereses de un proceso judicial en materia de familia. El órgano disciplinario concluyó que el hecho vulneraba el Código de Ética de la Función Pública, configurando una falta grave.
Este episodio fue incorporado posteriormente a las investigaciones fiscales, que sostienen que el pago formaría parte de un esquema más amplio de favores y coordinaciones ilícitas entre magistrados.
Vínculos con altos exfuncionarios judiciales
La acusación fiscal sitúa a Miranda Mendoza como parte de una estructura criminal vinculada a figuras centrales del caso, como el exjuez supremo César Hinostroza y el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos. Ambos fueron señalados como articuladores de una red que buscaba controlar decisiones judiciales clave.
El expediente describe una serie de hechos en los que los integrantes de la organización habrían intervenido para direccionar nombramientos, resoluciones y procesos judiciales, a cambio de beneficios económicos y favores políticos.
Extradición y cooperación internacional
La aprobación de la extradición activa representa un paso clave en la cooperación judicial internacional entre el Perú y España. Una vez cursada la solicitud formal, corresponderá a las autoridades del país europeo evaluar el pedido conforme a sus normas internas y a los tratados bilaterales vigentes.
El Ministerio de Justicia será el encargado de coordinar con la Cancillería y las instancias judiciales españolas el procedimiento correspondiente. De concretarse la extradición, Miranda Mendoza deberá enfrentar el proceso penal en territorio peruano.
Caso emblemático sigue abierto
El caso Cuellos Blancos del Puerto continúa siendo uno de los procesos más emblemáticos en la lucha contra la corrupción judicial en el Perú. A varios años de su destape, las investigaciones siguen generando resoluciones y medidas orientadas a llevar ante la justicia a los presuntos responsables.
Desde el Ejecutivo y el Ministerio Público se ha reiterado que el objetivo es evitar la impunidad en delitos que comprometieron gravemente la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
La extradición solicitada a España se enmarca en esa estrategia y busca asegurar que los investigados enfrenten los cargos que se les imputan, independientemente del país en el que se encuentren.