El tour de medios que Pedro Pablo Kuczynski emprendió a propósito de la publicación de su libro de memorias sirvió para evaluar en modo retrospectivo tres miserias nacionales que explican en parte el difícil momento del país.
En primer lugar, el ex presidente responsabilizó a Keiko Fujimori y Martín Vizcarra por la interrupción de su gobierno.
A Fujimori la acusó de haber estado obsesionada con ese objetivo a como diera lugar. Con 73 parlamentarios en una cómoda mayoría legislativa, la líder de Fuerza Popular tuvo la opción de darle una mínima estabilidad al gobierno de PPK, más aún cuando el economista fue abandonado por el centro progresista cuando decidió indultar a Alberto Fujimori en la navidad del 2016. Prominentes miembros del círculo de Keiko expresaron por esos días que el gobierno de PPK tendría un mejor destino con el apoyo de FP, incluso para hacer las famosas reformas de segunda generación a las que Kuczynski acaba de volver a aludir. Pero su jefa pensó distinto y no solo arrasó con el gobierno sino también con su propia familia. El padre volvió a prisión y el hermano podría terminar allí si el Poder Judicial lo determina próximamente.
Otra consecuencia colateral de la rencorosa decisión de Fujimori es que ella misma pasó una temporada en la cárcel, enviada allí por los empoderados fiscales del equipo Lava Jato. La segunda miseria es, precisamente, aquel proceso errático e interminable, que repartió prisiones preventivas como huachos de lotería en medio de los aplausos del circo romano en el que se tornó la sociedad peruana, excitada por saber quién era el próximo expresidente enmarrocado.
Hoy está de moda darse golpes de pecho por el fiasco judicial en el que ha devenido Lava Jato después de casi ocho años. Pero CARETAS estuvo entre los pocos medios que advirtió con claridad desde el principio lo que hoy es evidente: los grandes casos de corrupción eran los de Alejandro Toledo y Susana Villarán. El primero fue un coimero a gran escala y la segunda recibió plata para evitar su revocatoria a cambio de contratos corruptos. Keiko Fujimori y Alan García, los objetivos principales de los fiscales, no representaban situaciones similares. Ollanta Humala, como Fujimori, habría sido beneficiado con fondos de campaña en lo que ese momento configuró una falta administrativa. Todo eso lo sabía bien el fiscal Hamilton Castro, serruchado por Rafael Vela y José Domingo Pérez, quien también advirtió de las estratagemas de los brasileños y la estrategia para convertir un sector de la prensa en el brazo mediático de sus arrogantes colegas.
Al final, en materia penal, aquí no ha pasado casi nada. En Brasil Marcelo Odebrecht ya está libre y Lula fue reelegido. El Perú terminó destruyendo su clase política y relevándola por Pedro Castillo y su calaña. No es que estuviéramos muy bien, qué va, pero qué tal estupidez la de los buenistas que pensaron que con incendiar el prado crecerían nuevas flores. Y todavía se preguntan por qué “nadie” se quiere meter ahora en política.
PPK fue especialmente crítico con Vizcarra, él sí directamente comprometido con hechos de corrupción en sus días de gobernador, quien a la larga contribuyó con la polarización de hoy e imposibilitó reformas necesarias como la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Así como Fujimori hija inauguró la incapacidad moral como forma instantánea de salir de los presidentes, Vizcarra también apeló a la euforia populista e hizo lo propio con el cierre del Congreso. La ceguera del poder le impidió ver que necesitaba de bancada en el Congreso complementario y terminó devorado por su propia creatura.
Si son patriotas, los que hoy quedan en la arena de la política y el periodismo bien harían en ser autocríticos sobre sus propios excesos, darse un baño de humildad y ayudar a reencausar el barco. El Perú no aguanta muchas miserias más.
