El Gobierno Regional del Callao atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. En medio de una crisis institucional marcada por denuncias de corrupción y presunta organización criminal, la vicegobernadora Edita Vargas Cerón asumió oficialmente el cargo de gobernadora regional tras la suspensión de Ciro Castillo Rojo, hoy investigado por el Ministerio Público. La decisión fue adoptada por unanimidad del Consejo Regional, que activó el reglamento interno para evitar un vacío de poder en la principal región portuaria del país.
La transición se produce en un contexto de alta tensión política, judicial y social. Castillo es acusado de haber liderado una red dedicada al direccionamiento de contrataciones públicas, con varios funcionarios detenidos y una orden de captura aún pendiente de ejecución. Frente a ese escenario, Vargas optó por un discurso prudente y evitó pronunciarse directamente sobre las imputaciones que pesan sobre su antecesor.
“De eso se va a encargar la justicia”, declaró brevemente, marcando distancia de las investigaciones en curso y enfocando su mensaje en la continuidad administrativa y la estabilidad regional.
Mensaje de calma a la población chalaca
En su primera intervención pública como gobernadora, Edita Vargas dirigió un mensaje directo a los ciudadanos del Callao, a quienes pidió tranquilidad en medio del remezón político. Aseguró que su gestión estará orientada a garantizar el funcionamiento del gobierno regional y la prestación de los servicios públicos.
“Solamente decir a la población que tengan mucha tranquilidad. Quien les habla va a trabajar duro”, sostuvo, subrayando que su administración operará “las 24 horas desde el primer día”.
Vargas también remarcó que uno de sus principales objetivos será recuperar la confianza institucional, seriamente golpeada por las denuncias de corrupción que se arrastran desde 2023 y que hoy tienen al Callao bajo la lupa de la Fiscalía y los organismos de control.
Una transición marcada por amenazas previas
La llegada de Vargas al cargo no es ajena a un historial personal de amenazas y presiones. En 2023, cuando aún era vicegobernadora, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte contra ella y su familia, presuntamente ejecutadas por integrantes de una banda criminal vinculada al entorno político regional, con el objetivo de forzar su renuncia.
Según su testimonio, pese a contar con medidas de protección oficiales, tuvo que financiar su propia seguridad, mientras su denuncia fue posteriormente archivada. Vargas ha señalado en diversas ocasiones que ese escenario permitió que la gestión de Castillo consolidara una estructura de poder que hoy es materia de investigación fiscal.
Este antecedente añade una capa adicional de complejidad a su actual rol como máxima autoridad regional, en una coyuntura donde la seguridad personal y la gobernabilidad institucional siguen siendo factores críticos.
Investigación fiscal contra Ciro Castillo
La Fiscalía Anticorrupción continúa avanzando en las investigaciones contra Ciro Castillo Rojo, a quien se le atribuye la presunta dirección de al menos 60 contrataciones públicas irregulares entre 2023 y 2024, por montos que superarían 1,4 millones de soles. Las imputaciones incluyen delitos de colusión agravada y organización criminal.
Testimonios clave, como el del exgerente de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional, señalan que un asesor cercano al exgobernador era el verdadero “amo y señor de las contrataciones”, lo que refuerza la hipótesis fiscal sobre un esquema sistemático de direccionamiento de contratos.
Mientras tanto, la Policía Nacional ha confirmado que continúa con los operativos para dar con el paradero de Castillo, cuya situación legal se agrava conforme avanzan las diligencias judiciales.
El desafío de gobernar en medio del escándalo
Para Edita Vargas, el reto inmediato será sostener la operatividad del Gobierno Regional del Callao en medio del descrédito institucional, las investigaciones en curso y la presión ciudadana por mayor transparencia. Su gestión será observada de cerca tanto por la Fiscalía como por la Contraloría y la sociedad civil chalaca, que exige señales claras de ruptura con las prácticas del pasado.
La transición no solo implica un cambio de autoridades, sino la necesidad de enviar un mensaje político firme: que el Callao puede recuperar estabilidad y gobernabilidad aun cuando su máxima autoridad anterior enfrenta graves acusaciones penales. En un contexto donde la corrupción ha golpeado duramente a varios gobiernos regionales, el desempeño de Vargas marcará un punto de inflexión para el futuro inmediato del primer puerto.