Según el informe “¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú”, elaborado por Amnistía Internacional, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría responsabilidad en la muerte de los 50 civiles que fueron asesinados en las manifestaciones contra el gobierno que sucedieron en el país tras el autogolpe del exmandatario, Pedro Castillo.
De acuerdo a este informe, la mandataria tuvo una coordinación estrecha con los altos mandos de las Fuerzas Armadas durante las jornadas en las que el número de muertos en las movilizaciones iba en ascenso.
La investigadora de Amnistía Internacional, Madeleine Penman, dijo: “Ella sabía lo que estaba pasando y el no haber hecho nada podría llevar a responsabilidades penales”.
También se cuestiona que la jefa de Estado haya ascendido a funcionarios que tuvieron participación en la toma de decisiones durante las protestas. El mayor ejemplo es el de Alberto Otárola, quien pasó de ser ministro de Defensa a presidente del Consejo de Ministros en esta época.
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Incluso, se indica que Boluarte Zegarra podría ser investigada como autora mediata de las muertes porque, pese a tener el mandato supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía, no hizo nada para evitar las muertes producidas en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.
“Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, en su sentencia de 2009 en contra del expresidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno en el país; la presidenta Dina Boluarte podría ser investigada como posible autora mediata de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas”, indica el informe.
También cuestionan que, tanto el derecho peruano como el internacional, reconocen que no se debe usar balas para controlar las manifestaciones, pero que la Policía ignoró este mandato con las consecuencias conocidas.