En medio de la crisis de seguridad que vive el país, la presidenta Dina Boluarte ha vuelto a poner sobre la mesa la implementación de la pena de muerte como medida para frenar la ola criminal. Durante una ceremonia de inicio del año escolar, la mandataria expresó que está pensando “seriamente” en aplicar esta medida, refiriéndose a los responsables de los crímenes como “malditos asesinos”, lo que generó una ola de reacciones a nivel nacional.
“A estos asesinos les advierto que estoy considerando seriamente la pena de muerte. No permitiré que los extorsionadores sigan derramando sangre ni destruyendo el esfuerzo de familias y emprendedores”, señalo con firmeza.
Boluarte también aprovechó la oportunidad para defender su gestión ante las acusaciones en su contra, especialmente sobre la corrupción. En su intervención, negó haber recibido coimas y cuestionó la reciente libertad de la exalcaldesa de Lima. “Pueden inventarme todo lo que quieran, pero nunca acusarme de recibir coimas”, afirmó con firmeza.
La propuesta de la presidenta surge en un contexto de creciente violencia, cuyo punto álgido fue el asesinato del cantante Paul Flores de la banda Armonía 10, un caso que, entre otros, ha alimentado el debate sobre la necesidad de medidas más drásticas para frenar la criminalidad. Este tipo de delitos sigue generando indignación y temor en la población peruana.
Sin embargo, la implementación de la pena de muerte en Perú enfrenta varios obstáculos legales. Requeriría una reforma constitucional y la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que convierte esta propuesta en un tema controvertido que aún está lejos de ser una realidad.
