La expresidenta Dina Boluarte no asistirá a la audiencia judicial programada para el próximo miércoles 15 de octubre, en la que se evaluará el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses, en el marco de la investigación fiscal por presunto lavado de activos vinculada al caso Los Dinámicos del Centro.
El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, informó que la decisión de no acudir fue tomada a su recomendación. “Por recomendación propia no va a asistir. Yo he decidido como su abogado que no asista. Quiero ser enfático y honesto con la población: cada vez que el Ministerio Público citó a la presidenta a declarar, ella siempre ha declarado, pudiendo acogerse a su derecho a guardar silencio”, declaró a la prensa.
Portugal sostuvo que la medida solicitada por la Fiscalía es una “coerción de carácter personal” de carácter preventivo y aseguró que no existe riesgo de fuga ni intención de obstruir la investigación. “La presidenta ha atendido al Ministerio Público en siete carpetas fiscales y siempre ha colaborado”, precisó.
Críticas al proceso de vacancia
El abogado también cuestionó la forma en que se llevó a cabo la vacancia presidencial que destituyó a Boluarte el jueves pasado. Calificó el procedimiento de “arbitrario e irracional” por haber sido notificado con escaso tiempo de anticipación.
“En ninguna parte del mundo se comunica a las 10:50 p.m. que tenemos que asistir a las 11:30 p.m. a rendir tributo a nuestro derecho a la defensa. Se vulneraron garantías mínimas como el derecho a la defensa, la igualdad de armas y el plazo razonable para preparar una respuesta”, señaló.
Portugal afirmó que fue él quien solicitó que Boluarte emitiera un pronunciamiento público “para acabar con las especulaciones de que está no habida o que busca asilo político”.
Dos audiencias en agenda
El Poder Judicial detalló que el miércoles 15, a las 9:00 a.m., se evaluará el pedido de impedimento de salida del país por el caso Los Dinámicos del Centro. Un día después, el jueves 16, se llevará a cabo una segunda audiencia para analizar otro requerimiento fiscal —esta vez por 18 meses— en relación con el caso de las cirugías estéticas que la exmandataria se habría realizado presuntamente sin autorización del Congreso y a cambio de favores al médico que la operó.
“Hay que respetar los cinco años de gestión”
Aunque reconoció la legalidad de la destitución, Portugal consideró que la decisión parlamentaria de vacar a una presidenta en el último año de su mandato “refleja decisiones irracionales y poco razonables”.
“La única manera de que el país madure cívicamente es respetando los cinco años de gestión. Cuando el Congreso toma decisiones en el último tramo del periodo presidencial, lo hace influido por factores electorales o presiones sociales”, dijo.
El abogado aseguró que tanto él como su defendida desean lo mejor al presidente interino José Jerí, quien asumió el cargo tras la vacancia. “La democracia no se sostiene con autarquía ni con ingobernabilidad. No es la forma de fomentar civismo en un país que ha sufrido tanto”, concluyó.