La tarde del lunes 11 de diciembre, Patricia Benavides insistió ante la Comisión de Justicia del Congreso, en que su suspensión por seis meses tiene motivaciones políticas. Sin embargo, esas son las mismas razones que le atribuyen quienes consideran que encabezó una organización criminal que ofreció el archivo de investigaciones a congresistas a cambio de votos en temas de su interés.
El primer objetivo de Benavides, de acuerdo a la tesis del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Effccp) fue la inhabilitació de la ex titular del Ministerio Público (MP), Zoraida Ávalos. El hecho se concretó el pasado 21 de junio con los votos de 71 congresistas. Pero esto no fue una sorpresa para la inhabilitada fiscal, porque desde el Parlamento y la Fiscalía, le habían informando acerca de las hoy conocidas coordinaciones del “filósofo” Jaime Villanueva.
“Una cosa que no dije en la Junta de Fiscales Supremos (JFS) es que me dijeron que las señoras Gladys Echaíz, Lady Camones, Patricia Chirinos y Norma Yarrow entraban a un despacho, salían y levantaban el dedo como diciendo ‘ya lo conseguimos’. Y que habían ido los asesores de la doctora -Patricia Benavides-. Me dijeron que uno era robusto y ahí me di cuenta que era Jaime Villanueva”, comenta Ávalos en conversación con CARETAS.
Es conocido que Chirinos fue la autora de las mociones y denuncias constitucionales que apuntaron a la remoción de los miembros de la JNJ; y que a Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se le archivó una denuncia por los audios con César Acuña que precipitaron su censura a inicios de setiembre del 2022.
Los desencuentros entre las fiscales podrían tener su origen en el 2021, cuando Patricia Benavides pide a Zoraida Ávalos, entonces fiscal de la Nación, hacerse cargo de la investigación contra su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de presuntos sobornos. La solicitud fue denegada y el caso pasó a manos de Bersabeth Revilla, quien un año después, sería retirada por la hoy suspendida fiscal.
Este hecho, cuenta Ávalos, generó una acalorada discusión en una sesión de la JFS del 24 de mayo, cuando le recordó a Benavides que la JNJ la investigaba por apartar del caso a Revilla. Le recordó incluso, que acusó a Revilla de tener algo contra su hermana. Esto molestó a la entonces titular del MP quien creía que la JNJ la destituiría para que Ávalos fuese fiscal de la Nación nuevamente, pese a que ella y Pablo Sánchez, aseguraron que no volverían a asumir el cargo.
Ese día, Ávalos pidió una sesión extraordinaria de la JNJ para que se emitiera un comunicado respaldándola, ya que consideró que el Congreso buscaba inhabilitarla por aplicar un criterio jurídico que no les gustó cuando suspendió las investigaciones a Pedro Castillo, debido a que la Constitución dice que un presidente en ejercicio solo puede ser acusado por cuatro delitos. Benavides no habría querido convocar a la JFS y le habría pedido traer una firma para hacerlo, hecho que Villanueva comenta en uno de los chats. El fiscal de la Nación interino, Juan Villena se adhirió al pedido de Ávalos y se convocó a la reunión. Benavides y el fiscal Pablo Sánchez se habrían opuesto a emitir el comunicado y solo Villena habría estado a favor. La estrategia seguida por la fiscal y sus asesores, finalmente, fue emitir el comunicado después de la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
Pero ese no fue el único altercado entre las fiscales. El 1 de junio, en JFS, Ávalos increpó a Patricia Benavides sobre las coordinaciones que estaba haciendo para lograr su inhabilitación. La entonces fiscal de la Nación respondió diciendo que su antecesora también estaba “moviendo a su gente”. Uno de los chats de Villanueva apunta a Lenka Zajec, extrabajadora del MP durante la gestión de Ávalos y actual asesora de políticas del Ministerio de Economía como la encargada de ofrecer obras a cambio de votos a favor de su ex jefa, hecho que la funcionaria negó en una entrevista con Canal N.
De este incidente no queda rastro, debido a que los audios de las sesiones de JFS del 24 de mayo y el 1 de junio fueron destruidas por orden de Patricia Benavides. Zoraida Ávalos señaló que, al pedir el material mediante la Ley de Transparencia, le informaron que ya no existía y que no le entregaron las actas en las que se autoriza la destrucción de los audios argumentando que no podían darle un documento que no había firmado. El detalle es que para entonces ya había sido inhabilitada.
“Estoy segura de que las ha destruido porque sabían que eran una prueba en su contra”, dijo.
Alertó, asimismo, que el jefe de seguridad del MP, Edgar Peralta Lino, es “muy amigo” de Patricia Benavides y que pese a que el fiscal Pablo Sánchez ordenó el lacrado de las oficinas de la institución, habría riesgo de que desaparezcan otras pruebas que compliquen la situación de la fiscal suspendida.
Ávalos se había convertido en una presencia incómoda para Benavides, ya que le había cuestionado que, al exigir “carga cero” a los fiscales, muchos de ellos estaban optando por archivar las denuncias para cumplir con la exigencia.
Sin embargo, considera que quienes están detrás de su inhabilitación son los políticos que han sido denunciados por ella. “Mi inhabilitación fue producto de un canje donde era mi cabeza a cambio de impunidad”, aseveró.
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Reveló, asimismo que Patricia Benavides ordenó que no se le dé el 80% de su sueldo básico, pese a que otros fiscales como Tomás Gálvez o Pedro Chávarry sí habían tenido ese beneficio debido a que la ley exige a los fiscales la dedicación exclusiva. También le quitaron el seguro médico, la movilidad y la protección policial que tenía por ser acosada por el grupo radical “La Resistencia”.
Pensó en renunciar al MP, sin embargo, ahora está a la expectativa de un amparo que está en trámite en el Poder Judicial. De momento, el Poder Judicial (PJ) archivó una denuncia contra Ávalos tras no hallarla responsable del delito de omisión de funciones, base de su inhabilitación.
Sin embargo, expresó su preocupación debido a que, en el evento en el que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) en el que estuvo presente Patricia Benavides, también asistió Pedro Angulo, jefe del gabinete de asesores del presidente del PJ, Javier Arévalo e investigado por la Fiscalía por las 49 muertes de civiles en las protestas antigubernamentales.
Es necesario destacar que el evento fue organizado por el presidente del CAL, César Bazán, cuya cercanía al APRA es compartida por el defensor legal de Benavides y por el jefe de seguridad del MP.
Fiscal en aprietos
La abogada Cruz Silva explicó a esta publicación que la JNJ podría abrir un procedimiento contra Benavides por su asistencia a un evento en el que coincidió con investigados como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, Pedro Angulo o su abogado, el excongresista Jorge del Castillo.
Señaló también que el CAL debió someter a control ético a Benavides debido a los cuestionamientos que pesan sobre ella y no participar del reconocimiento que se le dio, porque sería un conflicto de intereses.
Consultada por esta revista, señaló que si bien, el Poder Judicial no se ha pronunciado sobre la ampliación de la medida cautelar que buscó suspender el proceso en el que se le suspendió, un pronunciamiento favorable podría devolverla al máximo cargo del MP.
