Una reciente investigación periodística de Cuarto Poder ha puesto en el ojo de la tormenta al actual mandatario José María Balcázar. Según el reportaje, durante su etapa como presidente de la Comisión de Educación del Congreso (2023-2024), Balcázar impulsó con una celeridad inusual la Ley 32171. Esta norma permitió el nombramiento excepcional de docentes contratados en universidades públicas, omitiendo los concursos públicos de méritos exigidos por la Ley Universitaria.
El principal beneficiado de este ímpetu legislativo fue su propio hijo, el abogado José Balcázar Quiroz. La ley estableció requisitos que calzaban exactamente con el perfil del hijo del mandatario, quien en ese momento era docente contratado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque. Gracias a esta disposición, logró su estabilidad laboral y acceso a beneficios como bonificaciones y vacaciones pagadas, sin haber pasado por un proceso competitivo de selección.
Presunto conflicto de intereses y omisión ética
Expertos constitucionalistas, como Alejandro Rospigliosi, advierten que el presidente habría vulnerado gravemente el Código de Ética del Congreso. El reglamento exige que los legisladores transparenten cualquier beneficio personal o familiar que una norma pueda generar; sin embargo, Balcázar no hizo pública esta incompatibilidad durante el debate ni la votación de la ley.
La aplicación de la norma también reveló un manejo presupuestal llamativo. De los 4 millones de soles transferidos por el Ministerio de Economía para estos nombramientos a nivel nacional, la UNPRG recibió la mayor tajada: S/ 1,332,982. Esta transferencia fue autorizada por la entonces ministra Denisse Miralles, quien curiosamente hoy ocupa el cargo de Presidenta del Consejo de Ministros en el gabinete de Balcázar.
Influencia más allá de las aulas universitarias
La presencia de José Balcázar Quiroz en el aparato estatal no se limita a la docencia. La investigación detectó que, en septiembre de 2024, su padre lo propuso formalmente para integrar el consejo consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Pese a las críticas de sus colegas parlamentarios por el evidente parentesco, la propuesta se concretó.
Actualmente, el hijo presidencial figura en el portal oficial del Parlamento como miembro consultor para el periodo 2025-2026. Aunque el cargo es ad honorem, especialistas señalan que esta posición le otorga una capacidad de influencia directa sobre las decisiones constitucionales y legislativas del país. Hasta el momento, ni el jefe de Estado ni su hijo han brindado descargos ante las pruebas documentales presentadas que los vinculan en este presunto esquema de favorecimiento familiar.