La situación legal de la congresista y candidata al Senado, Milagros Jáuregui de Aguayo, se agrava tras la presentación de una denuncia penal en su contra ante el Ministerio Público. La acción legal, interpuesta por la activista Gahela Cari Contreras, surge tras las declaraciones de la legisladora de Renovación Popular, quien afirmó con orgullo que en su centro de acogida La Casa del Padre las niñas víctimas de violación, de entre 10 y 13 años, son inducidas a gestar y convertirse en madres.
La denuncia imputa a Jáuregui la presunta comisión del delito de lesiones graves por afectación psicológica bajo la modalidad de comisión por omisión. El argumento central sostiene que la parlamentaria, al tener a las menores bajo su cuidado, ostentaba una posición de garante que la obligaba a asegurar su integridad física y mental. Sin embargo, se le acusa de presuntamente haber bloqueado sistemáticamente el acceso al aborto terapéutico, un derecho legal en el Perú cuando la salud o la vida de la gestante están en riesgo.
Omisión del aborto terapéutico y revictimización institucional
De acuerdo con los fundamentos del documento legal, el refugio habría operado bajo una práctica institucional sostenida donde las niñas eran forzadas de facto a continuar con el embarazo. El texto subraya que no se activaron evaluaciones médicas o psicológicas independientes que permitieran a las víctimas acceder a la interrupción legal del embarazo, a pesar de que las gestaciones eran producto de violencia sexual.
Para la parte denunciante, este escenario configura una revictimización institucional severa ya que el daño psicológico derivado de una maternidad impuesta a tan corta edad se suma al trauma inicial del abuso sexual. La denuncia sostiene que el entorno del refugio habría reforzado la maternidad forzada como única alternativa, negando a las menores la autonomía sobre sus cuerpos y violando estándares internacionales de derechos humanos.
Pedido de investigación y medidas de protección urgentes
Ante la gravedad de los hechos descritos, se ha solicitado al Ministerio Público la apertura inmediata de una investigación preliminar que incluya una inspección técnica para revisar los protocolos internos en las instalaciones de ‘La Casa del Padre’. También se exige el resguardo de pruebas ante el reporte del cierre de la página de Facebook del centro, donde se exponía a las menores, con el fin de evitar la pérdida de evidencia digital.
La solicitud contempla además la realización de evaluaciones periciales psicológicas a las niñas que aún permanecen en el refugio bajo estricta reserva de identidad. La denuncia busca alcanzar también al personal directivo y profesional que haya participado en la presunta omisión de auxilio médico, invocando la protección especial que requieren las infancias según organismos internacionales.
Reacciones políticas y del Ejecutivo
La controversia ha generado un cisma incluso dentro de su propio partido, Renovación Popular, que ha optado por tomar distancia de las afirmaciones de Jáuregui para evitar el costo político. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se desmarcó de la legisladora e intervino el albergue para evaluar la situación real de las menores y garantizar su bienestar inmediato.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate público la desprotección de las niñas víctimas de violencia sexual en el Perú y el cuestionado uso de instituciones de acogida para imponer convicciones personales por encima de la ley y el interés superior del niño.