Denuncian irregularidades en la publicación de la autógrafa que debilita la Ley Forestal

El presidente del Congreso no tomó en cuenta que había dos pedidos de reconsideración a la votación que aprobó la norma. Cuestionan que se borró el rastro de dichos documentos.
Ruth Luque, vocera de Cambio Democrático - Juntos por el Perú es la autora del pedido. (Foto: CONGRESO)

La parlamentaria de la bancada Cambio Democrático – Juntos el Perú, Ruth Luque Ibarra, pidió al presidente del Congreso, Alejandro Soto, que no continúe el trámite de la autógrafa de la norma que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal cuestionando irregularidades.

Mediante oficio, resalta que había dos pedidos de reconsideración a la votación que aprobó por insistencia la norma, que datan del 15 de diciembre del 2023 y fueron admitidas cuatro días después. Esto constaba en el seguimiento del trámite del proyecto en la web institucional hasta el 10 de enero, sin embargo, a partir de esa fecha se borró el rastro de las reconsideraciones sin justificación.

Considera que la eliminación del rastro de las reconsideraciones planteadas por ella y por la congresista Susel Paredes, “deviene en un acto arbitrario y contraviene el artículo 32 del Reglamento del Congreso toda vez que dicha norma establece que como deber del presidente del Congreso proteger los derechos y atribuciones de los congresistas”.

LEE | Publican ley para fortalecer la prevención y control de las infecciones hospitalarias a nivel nacional

Por ello, también pide que se retrotraiga la autógrafa al Estado procedimental anterior a fin de que los recursos puedan ser votados por el Pleno del Congreso.

Críticas a la modificación de la Ley Forestal

La parlamentaria Luque criticó duramente esta iniciativa legislativa señalando que contribuye la deforestación de la Amazonía, contribuye indirectamente con la promoción de la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico.

También considera que la norma no tiene en cuenta los ataques y asesinatos a defensores ambientales que se oponen a estas actividades ilícitas desarrolladas en sus territorios.