La congresista Ruth Luque denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte por el nuevo reglamento del Reinfo, que crea la figura del “Reinfo hereditario”. Luque argumenta que esta medida, al permitir que herederos de mineros en formalización continúen el trámite, perpetúa la minería informal.
La denuncia también alcanza al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, firmante del controvertido reglamento. Luque argumenta que la norma, al permitir la transferencia automática de derechos sin control efectivo, vulnera principios constitucionales y agrava los problemas ambientales y de seguridad derivados de la minería ilegal.
Esta acción legal se produce tras el reciente accidente minero en Pataz, un hecho que ha reavivado el debate sobre el papel del Estado frente a las actividades extractivas no reguladas. Diversos sectores critican que el nuevo marco normativo refuerza la informalidad en lugar de combatirla.
La denuncia será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista María Acuña. Sin embargo, el avance del proceso es incierto, dado que esta instancia ha archivado denuncias anteriores contra la jefa de Estado, generando dudas sobre su independencia frente al Ejecutivo.