La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de amparo ante la Tercera Sala Constitucional de Lima para que se deje sin efecto la decisión del Congreso de la República, que la inhabilita por 10 años en el ejercicio de la función pública. La medida fue adoptada por el Parlamento el pasado 3 de diciembre mediante la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR.
A través de este recurso, Espinoza alega que el Congreso vulneró sus derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a la defensa y los principios de igualdad y no discriminación, cuestionando la motivación y el procedimiento empleado en su inhabilitación.
Motivos de la inhabilitación
El pleno del Congreso aprobó la resolución que inhabilita a Espinoza por incumplimiento del artículo único de la Ley N.° 32130, norma que refuerza la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú en investigaciones preliminares. Según el Parlamento, la fiscal suprema habría incumplido sus funciones al no garantizar la efectiva implementación de esta normativa, lo que derivó en la sanción de inhabilitación.
La sanción generó un fuerte debate sobre la constitucionalidad del proceso y el alcance de la potestad del Congreso para imponer restricciones en el ejercicio de la función pública, sobre todo cuando existen cuestionamientos sobre la motivación y los procedimientos legales seguidos.
Argumentos de la demanda de amparo
En la demanda presentada ante el Poder Judicial, la defensa de Espinoza sostiene que la decisión del Congreso carece de motivación suficiente y no respeta las garantías procesales mínimas exigidas por la Constitución. Se argumenta que la fiscal fue privada de un proceso imparcial y de su derecho a ejercer una defensa adecuada, aspectos esenciales para validar cualquier medida de inhabilitación en la función pública.
Además, la demanda subraya que la inhabilitación afectaría derechos fundamentales, incluyendo la igualdad ante la ley, al tratarse de una sanción que impacta su trayectoria profesional y limita su capacidad de ejercer cargos públicos durante una década, sin que se hayan agotado todos los mecanismos de defensa y revisión.
Trámite judicial y posibles escenarios
La Tercera Sala Constitucional de Lima será la encargada de evaluar la demanda de amparo y determinar si procede admitirla y suspender los efectos de la inhabilitación mientras se resuelve el caso. Este proceso podría derivar en la anulación de la decisión del Congreso, siempre que el Poder Judicial considere que hubo vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento legislativo.
Especialistas legales señalan que la decisión del Congreso, aunque respaldada por mayoría, no es definitiva hasta que el Poder Judicial se pronuncie sobre la demanda de amparo. La revisión judicial permitirá examinar si se cumplieron los principios de debido proceso, motivación y proporcionalidad, fundamentales en cualquier acto que afecte derechos de funcionarios públicos.
Contexto político y judicial
La inhabilitación de Espinoza se produce en un contexto de tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público, especialmente en torno a las facultades y responsabilidades de los fiscales supremos en la supervisión de investigaciones y el seguimiento de normativas que fortalecen la acción de la Policía Nacional.
La demanda de amparo presentada por Espinoza plantea un choque institucional entre el Legislativo y el Judicial, al cuestionar la competencia y la forma en que el Congreso adoptó una medida que limita el ejercicio de la función pública. De ser admitida, la acción judicial podría sentar un precedente sobre los límites de la inhabilitación parlamentaria y los derechos de los funcionarios sancionados.