Delia Espinoza enfrenta a la JNJ y niega desacato

La fiscal de la Nación afirma que su elección sigue vigente, pese a la resolución que ordena reponer a Patricia Benavides. Presentó una demanda de amparo y exige respeto al Estado de derecho.

por Edgar Mandujano

En medio de una creciente tensión institucional, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, rechazó haber incurrido en desacato frente a la orden de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispone la reposición de Patricia Benavides en el Ministerio Público. En un mensaje grabado, Espinoza sostuvo que está ejerciendo su derecho legal de oposición y que su designación se mantiene vigente conforme a la Constitución.

Espinoza presentó una demanda de amparo contra la resolución de la JNJ, la cual fue admitida a trámite por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima. Según la titular del Ministerio Público, el proceso confirma que se trata de un conflicto jurídico aún no resuelto, y no de una decisión firme.

La fiscal también cuestionó la legalidad del oficio enviado por la JNJ que advierte sobre el uso de la fuerza pública si no acata la reposición. Afirmó que dicho requerimiento excede las competencias del órgano constitucional autónomo, por lo que devolvió la documentación, dejando constancia de su improcedencia.

Además, Delia Espinoza reiteró que su elección por parte de la Junta de Fiscales Supremos fue legítima y democrática, conforme al artículo 158 de la Constitución. Señaló que la notificación de la JNJ es irregular por no contar con la firma de todos sus miembros.

Espinoza ha solicitado en tres ocasiones el video y acta de la sesión donde se aprobó la restitución de Benavides, pero no ha recibido respuesta. En su pronunciamiento, pidió que ninguna autoridad del Estado intervenga ni desinforme sobre el tema, e hizo un llamado a respetar el orden constitucional y el debido proceso.

La Junta de Fiscales Supremos ratificó su respaldo unánime a Espinoza y pidió a la JNJ aclarar los efectos legales de su resolución. En paralelo, la fiscal ha informado de los hechos al Congreso, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional del Perú.

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