Durante una conferencia de prensa y en audiencia pública, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su rechazo al proceso disciplinario iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que podría concluir con su suspensión por seis meses.
Espinoza denunció que el procedimiento está “plagado de ilegalidades e inconstitucionalidades”, al no haber recibido respuesta a los recursos presentados por su defensa. Según afirmó, la JNJ estaría vulnerando el debido proceso y actuando sin la motivación legal suficiente.
“¿Qué peligro hay en que continúe como fiscal de la Nación? ¿Acaso es un peligro seguir enfrentando la corrupción?”, cuestionó Espinoza, dejando entrever que su apartamiento no se sustenta en razones legales, sino políticas.
Defensa de su gestión al frente del Ministerio Público
Espinoza asumió el cargo de fiscal de la Nación en noviembre de 2024. En su intervención, recordó que desde entonces ha liderado investigaciones contra altos funcionarios del Estado, incluyendo miembros del Ejecutivo y del Congreso. Además, resaltó que ha fortalecido a las fiscalías especializadas y a las juntas superiores del país.
En defensa de su trayectoria, subrayó que no tiene antecedentes de sanciones ni cuestionamientos patrimoniales y que su desempeño se ha caracterizado por la transparencia y la legalidad.
“Nunca he tenido vínculos con actividades ilícitas. He trabajado con transparencia y en defensa de la legalidad”, afirmó.
Asimismo, reiteró que ha brindado respaldo constante a los fiscales en todo el país en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción, dos de los principales flagelos que enfrenta el sistema judicial peruano.
Señales de presiones políticas y represalias
Uno de los puntos más sensibles de su declaración fue el señalamiento de presiones políticas como motivo subyacente del proceso en su contra. La fiscal indicó que los ataques a su gestión se intensificaron tras la apertura de investigaciones contra la presidenta de la República, ministros y congresistas.
Según Espinoza, la suspensión solicitada por la JNJ no responde a razones disciplinarias legítimas, sino a intereses políticos que buscan debilitar la independencia del Ministerio Público.
“Desde enero se han incrementado las críticas y amenazas hacia mi gestión”, denunció, atribuyendo estos hechos a actores que estarían interesados en frenar el avance de investigaciones de alto perfil.
Este tipo de acusaciones genera preocupación en sectores que defienden la autonomía del sistema de justicia, ya que plantean la posibilidad de una intromisión indebida por parte del poder político en la labor de la Fiscalía.
Posible conflicto de interés en la Junta Nacional de Justicia
Otro aspecto que la fiscal de la Nación puso sobre la mesa fue el posible conflicto de interés por parte de los miembros de la JNJ. Espinoza recordó que presentó una demanda de amparo contra la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, y que esta acción legal comprometería la imparcialidad de quienes integran la Junta.
Desde su perspectiva, la JNJ no debería continuar conociendo el caso, ya que existe una relación directa con una causa en la que ellos mismos podrían estar involucrados. En ese sentido, cuestionó que se esté avanzando con el procedimiento a pesar de que hay criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional que recomendarían la inhibición en situaciones de posible parcialidad.
“Suspenderme sin fundamentos sería incurrir en nuevas infracciones constitucionales y delitos”, advirtió Espinoza, haciendo un llamado a la reflexión institucional y a la defensa del Estado de derecho.
Un escenario de alta tensión institucional
El caso de Delia Espinoza se desarrolla en un contexto de alta tensión política e institucional en Perú, donde la Fiscalía de la Nación ha estado en el centro de la polémica por sus investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder en las más altas esferas del gobierno.
La situación recuerda al reciente escándalo en torno a Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, quien también fue objeto de procesos disciplinarios y decisiones controvertidas por parte de la JNJ. En ambos casos, la confrontación entre poderes ha puesto en evidencia la fragilidad del equilibrio institucional y la amenaza constante a la independencia judicial.
¿Qué sigue para la fiscal Espinoza?
Mientras la JNJ continúa evaluando la posible suspensión, Delia Espinoza insiste en que permanecerá firme en su cargo mientras no exista una resolución legal válida que la obligue a apartarse. Ha reiterado que defenderá su gestión y la institucionalidad del Ministerio Público, ante lo que considera una persecución injustificada.
El desenlace de este proceso no solo afectará a la propia Espinoza, sino que podría marcar un precedente sobre el alcance del poder disciplinario de la JNJ y su relación con los órganos autónomos del Estado.