La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió a las recientes declaraciones del exministro del Interior Juan José Santiváñez y del comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, sobre las cifras de detenciones en lo que va del año. Espinoza criticó que la Policía Nacional “no siempre comunica las detenciones” al Ministerio Público, lo que genera errores en el proceso judicial. Según la fiscal, la Policía debe reconocer estos errores y mejorar la comunicación entre ambas instituciones para evitar confusión y garantizar un mejor manejo de los casos.
Espinoza también aclaró la razón de los allanamientos en la casa de Santiváñez, explicando que se realizaron debido a la existencia de dos carpetas fiscales distintas relacionadas con su persona. En relación a las cifras de detenidos, Espinoza defendió los números oficiales de la Fiscalía, que registran 32,578 detenidos y sentenciados hasta el 19 de marzo de 2025. En contraste, Santiváñez había informado que entre el 1 de enero y el 19 de marzo se habían detenido a 91,907 personas, de las cuales el 92% fueron liberadas por el Ministerio Público, lo que generó polémica.
La fiscal de la Nación desmintió la afirmación de que la liberación de los detenidos fuera responsabilidad de la Fiscalía, y señaló que, en muchos casos, esto ocurre debido a errores procesales. Además, hizo referencia a un informe de un canal de televisión que reveló que 338 criminales, involucrados en 167 bandas criminales en Lima, fueron liberados, lo cual, según Espinoza, subraya la necesidad de aclarar las cifras y mejorar la coordinación entre la PNP y el Ministerio Público.
En su defensa, el general Zanabria explicó que la cifra de 70,000 detenidos mencionada por Santiváñez incluye solo aquellos arrestados en flagrancia, sin contar a los requisitoriados y a los detenidos extranjeros. Sin embargo, Espinoza reafirmó que las cifras oficiales de la Fiscalía deben ser tomadas en cuenta y que las discrepancias entre las cifras presentadas por la Policía y el Ministerio Público deben resolverse para evitar malentendidos. Finalmente, la fiscal subrayó que la ciudadanía será quien saque sus propias conclusiones sobre la veracidad de las cifras presentadas por cada institución.
