Condena institucional ante la violencia
La Defensoría del Pueblo se pronunció con firmeza tras la balacera registrada en el Círculo Militar de Chorrillos, durante el concierto de Agua Marina y Zaperoko el miércoles 8 de octubre. El ataque, que dejó heridos y obligó a evacuar a cientos de asistentes en medio del pánico, fue calificado como un grave atentado contra la seguridad de los ciudadanos.
En un comunicado oficial difundido la madrugada del 9 de octubre, la Defensoría expresó su “más enérgica condena e indignación” ante el hecho, advirtiendo que se trata de un episodio más en la creciente ola de violencia, extorsiones y asesinatos que golpea al país. “Resulta inaceptable que el crimen organizado y la delincuencia actúen con tal nivel de impunidad, vulnerando el derecho de todas las personas a vivir en paz y con seguridad”, señaló la institución.
El deber del Estado frente a la inseguridad
La Defensoría recordó que es obligación del Estado garantizar la vida y la integridad de sus habitantes, por lo que exigió la adopción de medidas urgentes y eficaces contra el crimen organizado. En particular, exhortó a la Policía Nacional y al Ministerio Público a realizar investigaciones inmediatas y rigurosas para identificar a los responsables del ataque.
El pronunciamiento también hizo referencia a las amenazas denunciadas previamente por Agua Marina, lo que plantea dudas sobre si se aplicaron medidas preventivas suficientes para resguardar la integridad de la orquesta y su público.
Falta de garantías en el evento
Uno de los puntos más críticos señalados por la Defensoría fue la posible ausencia de protocolos de seguridad adecuados en el concierto. De acuerdo con información de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Gobierno Interior, el evento no habría contado con las garantías necesarias, una situación que evidencia fallas en la prevención.
El comunicado fue claro: ningún espectáculo masivo debe realizarse sin las condiciones que aseguren la vida e integridad de las personas. Este hecho, además de revelar vulnerabilidades en la organización de conciertos, expone la fragilidad de la coordinación entre promotores y autoridades frente a los riesgos de extorsión y violencia.
Extorsión y crimen organizado: una amenaza creciente
El ataque en Chorrillos no es un hecho aislado. Se suma a una serie de atentados contra locales de conciertos y discotecas en Lima y otras regiones, donde las mafias de extorsionadores buscan imponer “cupos” ilegales a cambio de no atentar contra los eventos.
En mayo de 2024, por ejemplo, un concierto de Agua Marina y Los Ronisch en Villa María del Triunfo fue cancelado después de que desconocidos lanzaran una granada y disparos contra la fachada del local Tintay Internacional. De igual manera, en 2023 la agrupación sufrió incidentes similares en Chile, cuando un tiroteo dejó heridos a dos guardias de seguridad en pleno recital.
Estos antecedentes muestran un patrón preocupante: la música popular y los espectáculos masivos se han convertido en blanco del crimen organizado, que utiliza la violencia como mecanismo de presión y control.
Impacto en la ciudadanía
El pronunciamiento de la Defensoría refleja el malestar de una población que cada vez se siente más vulnerable frente a la inseguridad. La balacera en Chorrillos, más allá de los heridos, dejó una huella psicológica en cientos de personas que acudieron a disfrutar de un espectáculo y terminaron corriendo por sus vidas.
Los especialistas advierten que este tipo de ataques genera un efecto dominó: desincentiva la asistencia a eventos culturales, golpea económicamente a artistas y promotores, y reduce los espacios de esparcimiento seguro para la población.
¿Qué acciones se esperan?
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo exige al Ejecutivo y a las autoridades competentes implementar acciones coordinadas, que incluyan:
- Refuerzo de la vigilancia policial en locales de conciertos y discotecas.
- Mayor rigurosidad en la entrega de permisos y garantías para eventos masivos.
- Estrategias de inteligencia y desarticulación de mafias extorsionadoras.
- Protocolos claros de evacuación y seguridad para asistentes y artistas.
La institución también demandó a las empresas promotoras que asuman su responsabilidad en la prevención de riesgos, cumpliendo de manera estricta con las disposiciones establecidas por las autoridades.