Inconformidad con el Ejecutivo
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, manifestó su descontento con la gestión del presidente José Jerí, afirmando que “no me siento feliz, porque el Perú ha entrado en un proceso de desmoralización”. Señaló que, aunque al inicio el mandatario parecía liderar un proceso de cambio, los recientes escándalos políticos han debilitado su imagen y la confianza ciudadana.
Gutiérrez destacó que la falta de seguridad y la ausencia de transparencia son problemas estructurales que podrían tener un impacto directo en las elecciones generales 2026, afectando a partidos políticos y candidatos.
Escándalos que afectan la gobernabilidad
Entre las controversias que rodean a Jerí, Gutiérrez mencionó el caso conocido como “Chifagate”, que expuso reuniones no oficiales con empresarios y posibles irregularidades en licitaciones. Además, se refirió a investigaciones en curso ante la Fiscalía de la Nación, en las que el presidente autorizó el levantamiento de sus comunicaciones oficiales.
Asimismo, se han reportado sospechas sobre favores políticos y órdenes de servicio otorgadas a personas cercanas al mandatario, generando cuestionamientos sobre la ética y la transparencia de su gestión.
Prioridades y advertencias del Defensor
El Defensor del Pueblo subrayó que los dos encargos directos de Jerí —seguridad ciudadana y neutralidad del proceso electoral— no se han cumplido adecuadamente. “Estamos en una dirección de discusión que le va a pasar factura a muchos partidos políticos y líderes que tengan ambigüedad”, señaló.
Gutiérrez también instó a la ciudadanía a ser consciente al momento de votar, recordando la importancia de la sucesión constitucional presidencial y los riesgos que implica elegir a un mandatario en medio de una crisis de confianza.
Impacto institucional y electoral
Las declaraciones reflejan el desgaste político de Jerí y evidencian que la crisis del Ejecutivo no solo afecta la gobernabilidad, sino que también podría impactar en la estabilidad democrática y la confianza en los próximos comicios. La Defensoría del Pueblo se distancia del gobierno y advierte sobre las consecuencias de la falta de transparencia y seguridad en la gestión presidencial.