El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que el Estado no cumplió con su responsabilidad de garantizar los accesos viales y peatonales adecuados al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. En declaraciones recientes, Gutiérrez subrayó que el problema no es exclusivo del gobierno actual, sino que es una falencia acumulada desde que se aprobó el plan de construcción en 2000, donde no se tomaron las acciones necesarias para asegurar un acceso adecuado para los ciudadanos.
El defensor del Pueblo resaltó la necesidad de contar con vías de comunicación eficaces para todos los usuarios del aeropuerto, tanto para quienes viajan en vehículos particulares como para quienes utilizan el transporte público o desean caminar hasta el terminal aéreo. Sin embargo, la falta de acceso peatonal adecuado ha dejado a los ciudadanos en una situación de incertidumbre, calificando esta deficiencia como un incumplimiento total por parte del Estado.
En cuanto a la responsabilidad de la empresa concesionaria Lima Airport Partners (LAP), Gutiérrez indicó que, aunque la empresa privada debe realizar los ajustes necesarios tras el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto, el Estado tiene la obligación de evaluar si la inversión y las instalaciones cumplen con lo prometido. Esta evaluación es clave para garantizar la correcta prestación del servicio a los ciudadanos.
Finalmente, Gutiérrez anunció que el defensor del Pueblo presentará un informe integral sobre el proceso de concesión del nuevo aeropuerto, con el objetivo de transparentar los contratos, adendas y acuerdos suscritos por el Estado. Este informe, que se encuentra en fase avanzada, será presentado en los próximos días para proporcionar claridad sobre cómo se llevaron a cabo las negociaciones y si se cumplieron los estándares establecidos.