La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado un plazo de hasta 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final sobre las denuncias constitucionales 388 y 473. Estas denuncias han sido interpuestas contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta infracción constitucional, debido a la omisión de cumplir con la obligación de presentar un informe anual ante el Congreso, como lo exige su Ley Orgánica.
Los denunciantes, encabezados por la congresista Patricia Chirinos Venegas, argumentan que los miembros de la JNJ —Luz Tello, Aldo Vásquez, Imelda Tumialán, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry— no han cumplido con su deber constitucional de rendir cuentas anualmente al Congreso, lo que constituye una grave omisión de funciones. Además, solicitan la destitución de los involucrados e inhabilitación por cinco años.
El caso pone de relieve la creciente preocupación sobre la transparencia y el cumplimiento de los deberes constitucionales por parte de los órganos de control del Estado. La acusación de incumplir con las funciones asignadas podría tener implicaciones significativas para la reputación y estabilidad de la JNJ, uno de los organismos clave en el sistema de justicia del país.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá emitir un informe detallado que será evaluado por la Comisión Permanente para determinar las acciones correspondientes. Este proceso es clave para garantizar la rendición de cuentas en las instituciones públicas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
