La creciente ola de violencia y extorsión en el transporte público de Lima y Callao ha llevado a los transportistas a organizar un nuevo paro general. Ante esta situación, el congresista José Cueto propuso una solución inusual: que los conductores instalen láminas antibalas en sus vehículos para protegerse de los ataques de sicarios y extorsionadores. Esta sugerencia ha generado sorpresa y rechazo entre muchos, que consideran que la medida es irrealista y no aborda las raíces del problema.
Cueto también sugirió que la Policía Nacional del Perú coloque agentes de civil en cada unidad de transporte, con el fin de frenar los actos de violencia y extorsión. Según él, esto permitiría una mayor presencia policial sin desatender otros puntos críticos de la ciudad. Sin embargo, la propuesta ha sido vista como un parche a una situación mucho más compleja, que requiere un enfoque más integral y coordinado de seguridad pública.
La situación no ha pasado desapercibida para otros miembros del Congreso, como el congresista Roberto Chiabra, quien criticó abiertamente al gobierno por su falta de acción frente a la inseguridad. A pesar del estado de emergencia, los extorsionadores siguen operando con total impunidad, lo que ha llevado a los transportistas a buscar medidas extremas como el paro general, que afectará el transporte en la capital.
Si bien las medidas propuestas por Cueto pueden parecer una respuesta rápida, la raíz del problema radica en la falta de eficacia en la implementación de políticas de seguridad pública. La solución a la violencia en el transporte público exige no solo medidas de protección para los conductores, sino también una estrategia clara y efectiva para combatir la extorsión y la criminalidad organizada que afecta a la ciudad.
