El Congreso de la República enfrenta una nueva controversia financiera luego de que el Poder Judicial ratificara una orden de pago a favor de la empresa Río Pacífico S.A.C., firma encargada de instalar un sistema de antenas satelitales para ampliar la señal de Congreso TV. El conflicto, arrastrado desde 2018, podría incluso derivar en el embargo de las cuentas del Parlamento debido al incumplimiento del pago ordenado judicialmente.
La disputa gira en torno a un contrato firmado durante la gestión de Daniel Salaverry para implementar una moderna estación terrena satelital que permitiera transmitir las sesiones parlamentarias a nivel nacional e internacional. Para ello, el Congreso destinó cerca de S/1,9 millones en la compra e instalación de antenas parabólicas y equipos tecnológicos.
¿Por qué el Congreso no pagó las antenas satelitales?
Según el reportaje difundido por el programa Cuarto Poder, la empresa Río Pacífico S.A.C. cumplió con entregar parte de los equipos e inició las instalaciones en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado cuando se detectó que la antena principal no podía instalarse sobre la azotea del Congreso.
El problema surgió porque la estructura excedía los límites permitidos para el Centro Histórico de Lima y, además, el edificio no soportaba el peso del enorme plato satelital. El Ministerio de Cultura terminó rechazando la autorización en junio de 2019 al considerar que afectaba el entorno monumental protegido por la UNESCO.
La empresa sostiene que el Congreso nunca advirtió esas restricciones técnicas ni urbanísticas al momento de elaborar el expediente técnico. “No era posible ni el tamaño, ni el peso, ni la instalación propiamente”, señaló Raúl Ubidia, gerente general de Río Pacífico.
Poder Judicial ratificó pago millonario al Congreso
Tras la paralización del proyecto, el Congreso resolvió el contrato en 2021 alegando incumplimientos de la empresa. No obstante, el caso terminó en arbitraje y posteriormente en el Poder Judicial, que falló a favor de Río Pacífico.
En marzo de 2025, el Poder Judicial ratificó que el Parlamento debía asumir el pago correspondiente por las prestaciones ejecutadas y otros conceptos derivados del contrato incumplido. Pese a ello, según la empresa proveedora, el Congreso aún no cumple con cancelar la deuda.
El accionista Jorge Amorós afirmó que evalúan solicitar el embargo de las cuentas del Legislativo para hacer efectivo el cobro. “Tenemos que ir hacia esas medidas porque realmente no hay nadie que quiera responder a lo que está sucediendo”, declaró.
Legislativo respondió sobre penalidades y arbitraje
Frente a los cuestionamientos, el Congreso aseguró mediante un comunicado que algunas pretensiones indemnizatorias de Río Pacífico fueron declaradas infundadas. Además, recordó que un laudo arbitral también dispuso que la empresa pague al Estado más de S/192 mil por penalidades relacionadas con retrasos en el contrato.
Sin embargo, Río Pacífico sostiene que los retrasos se originaron por errores del propio Congreso al aprobar un proyecto técnicamente inviable desde el inicio. Mientras tanto, los equipos y estructuras permanecen abandonados sobre la azotea del edificio parlamentario, convertidos en lo que diversos involucrados califican como “chatarra tecnológica”.
La controversia vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos dentro del Congreso y la ausencia de responsabilidades administrativas pese a una obra que nunca llegó a funcionar.