La Corte Suprema de Brasil anuló este lunes las pruebas obtenidas contra Nadine Heredia, ex primera dama del Perú, en las investigaciones relacionadas con la constructora Odebrecht. Estas evidencias formaban parte del caso que derivó en una sentencia de 15 años de prisión contra Heredia en Perú, la cual no cumple debido a que se encuentra asilada en Brasil desde abril de este año.
El fallo fue emitido por el juez José Antonio Dias Toffoli, uno de los once magistrados del Supremo Tribunal Federal brasileño, en respuesta a un recurso presentado por la defensa de Heredia. La resolución prohíbe expresamente el uso de estas pruebas en cualquier procedimiento de cooperación judicial con autoridades peruanas.
Fundamentos de la anulación
El juez Dias Toffoli explicó que las evidencias provenían de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day, utilizados por Odebrecht para registrar pagos de sobornos, y que habían sido previamente invalidadas por la propia Corte Suprema.
Según el magistrado, no es posible garantizar la autenticidad ni la cadena de custodia de estos datos, por lo que la ley brasileña los considera pruebas improstables, es decir, inutilizables en cualquier proceso judicial. Esta decisión se suma a otros fallos previos que han limitado el uso de pruebas de la Operación Lava Jato en Brasil.
Alcance del fallo y consecuencias internacionales
La resolución otorga a Nadine Heredia el mismo beneficio legal que su esposo, el expresidente Ollanta Humala, quien también fue condenado a 15 años de prisión en Perú, y a otros implicados en casos derivados de la Operación Lava Jato.
El fallo indica que el Ministerio de Justicia de Brasil debe abstenerse de realizar “cualquier acto de cooperación” que implique el envío de estas evidencias al Gobierno peruano. En la práctica, esto podría impedir la extradición o detención de Heredia mientras permanezca en territorio brasileño, consolidando su estatus de asilo diplomático.
Contexto del asilo diplomático
Nadine Heredia se encuentra en Brasil desde abril, tras recibir asilo del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su traslado se realizó en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña, garantizando su permanencia legal en el país vecino.
La ex primera dama fue condenada previamente junto a Humala por lavado de dinero, debido a los supuestos aportes ilegales de Odebrecht a sus campañas electorales de 2006 y 2011. La sentencia de 15 años de prisión aún no se cumple debido a su protección diplomática en Brasil.
Precedentes judiciales en Brasil
Desde 2023, el magistrado Dias Toffoli ha anulado varios procedimientos vinculados a la Operación Lava Jato, citando irregularidades en la obtención de pruebas y cuestionando la validez de los acuerdos de cooperación firmados por Odebrecht con autoridades brasileñas.
Estos fallos han generado controversia en la región, ya que limitan la posibilidad de que evidencias obtenidas en Brasil puedan ser utilizadas en investigaciones y procesos judiciales en otros países, como Perú, donde las acusaciones contra exfuncionarios y políticos son de alto perfil.
Implicaciones para la justicia peruana
La decisión de la Corte Suprema brasileña genera incertidumbre sobre la cooperación internacional en casos de corrupción y lavado de dinero, especialmente en expedientes relacionados con Odebrecht. Asimismo, plantea interrogantes sobre la efectividad de las sentencias emitidas en Perú frente a la protección legal que brinda un país vecino.
Entre las preguntas clave que surgen de este fallo están:
- ¿Podrá Perú continuar con procesos judiciales contra Heredia sin el acceso a estas pruebas?
- ¿Qué impacto tiene este fallo en la Operación Lava Jato y otros casos de corrupción transnacional?
- ¿Cómo influirá el asilo diplomático en las futuras decisiones de extradición de exfuncionarios peruanos?
Repercusiones políticas y mediáticas
El caso de Nadine Heredia sigue siendo un tema sensible en la política peruana, especialmente considerando que se trata de una ex primera dama condenada por corrupción. La resolución de Brasil refuerza la tensión entre los sistemas judiciales de ambos países y cuestiona la eficacia de la cooperación internacional en lucha contra la corrupción.
Mientras tanto, la defensa de Heredia ha celebrado la anulación de las pruebas, argumentando que confirma irregularidades en la investigación y fortalece su posición frente a futuras acciones legales en Perú.