La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un contundente pronunciamiento, señalando el desacato del Estado peruano a sus resoluciones de supervisión de cumplimiento en el caso del expresidente Alberto Fujimori.
Este pronunciamiento surge en respuesta a la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional peruano, que restituyó los efectos al indulto otorgado a Fujimori «por razones humanitarias». De manera notoria, esta acción contravino las disposiciones de la CIDH, que había indicado claramente que debía «abstenerse de implementarla», dado que no cumplía con los estándares de derecho internacional en un control jurisdiccional del mencionado indulto.
En un giro significativo, la corte dispone ahora una supervisión reforzada sobre la obligación del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Este seguimiento especial se centra particularmente en el indulto «por razones humanitarias» concedido a Alberto Fujimori.
Además, la corte ordena al Estado peruano presentar un informe detallado sobre el cumplimiento de estas obligaciones antes del 4 de marzo de 2024, marcando así un hito crucial en la resolución de este caso de gran relevancia nacional e internacional.
La Secretaría de la Corte notificará esta relevante resolución al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La liberación de Alberto Fujimori después de cumplir solo 16 de los 25 años de condena impuestos por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos ha generado un intenso debate sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales y el respeto a los derechos humanos en el contexto peruano.
