La Contraloría General de la República (CGR) se pronunció sobre la evaluación que el 24 de agosto, hará el Tribunal Constitucional (TC) respecto de la demanda de inconstitucionalidad contra ley que otorga facultades de sanción a los casos de corrupción e inconducta funcional, a esta institución.
La demanda fue presentada por el Poder Ejecutivo el 26 de julio del 2021 y supone para la CGR, un retroceso en la lucha contra la corrupción, ya que mandaría al archivo los casos investigados y esto podría ser usado a favor de los responsables en un proceso judicial.
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Entre los casos que se favorecerían con una eventual declaración de inconstitucionalidad de la norma que otorga capacidad sancionadora a la Contraloría, están los referidos a los casos de corrupción de la empresa Marka Group, que generó un perjuicio al Estado de S/ 33 millones; del caso Puente Tarata III, que dejó un perjuicio de S/ 300 millones; y el caso Petroperú que generó una perdida de US$ 2 millones a las arcas públicas.
“Lograr la impunidad es el objetivo primordial de la corrupción. La pretensión de la inconstitucionalidad favorece a los malos funcionarios y servidores públicos, socavando la legitimidad del Estado, generando un mayor daño social, económico y desconfianza en la ciudadanía”, señalan.
