El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha publicado su informe mensual sobre la situación de la libertad de expresión en el país, alertando sobre una serie de medidas impulsadas desde el gobierno y el Congreso que atentan contra el periodismo independiente. Entre los principales reportes se encuentran la estigmatización a la prensa por parte de la presidenta Dina Boluarte, el intento del Ejecutivo de imponer una franja informativa obligatoria, la aprobación de normativas restrictivas y el aumento de agresiones contra periodistas.
Ataques desde el Ejecutivo
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la actitud hostil del gobierno hacia los medios. La presidenta Dina Boluarte ha calificado la cobertura de la prensa como un “acoso político permanente” y ha acusado a ciertos sectores de la Fiscalía y los medios de comunicación de ejecutar un “golpe de Estado blando” en su contra. Además, su gobierno ha impulsado un proyecto de ley para imponer una franja informativa obligatoria en los medios, en la que se difundirían mensajes oficiales en horario estelar.
El CPP ha rechazado esta iniciativa, señalando que representa “una imposición informativa que interfiere con los principios de pluralidad de puntos de vista y de fiscalización”. De aprobarse, los medios se verían obligados a transmitir información gubernamental sin posibilidad de edición o cuestionamiento, limitando así su independencia editorial.
Un caso emblemático de esta confrontación entre el gobierno y la prensa es la denuncia presentada contra el periodista Gustavo Gorriti. El Centro de Emergencia Mujer, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo acusó de “violencia psicológica” contra la presidenta Boluarte tras una columna en la que escribió: “No hay cirujano plástico que arregle el rostro de la ruina moral”. Esta denuncia ha sido interpretada como un intento de censura disfrazado de defensa de derechos.
Congreso y leyes restrictivas
El Congreso tampoco ha sido ajeno a estas medidas restrictivas. Según el informe, el Legislativo aprobó dos leyes que afectan directamente la libertad de prensa: una que permite acusar a ONG de “activismo político” y otra que agrava las penas por delitos de difamación y calumnia, aumentando la posibilidad de encarcelamiento de periodistas. También se ha planteado reducir el plazo de respuesta para solicitudes de rectificación a solo un día, dificultando el derecho a la defensa.
El CPP advierte que “son tres las iniciativas legislativas en un solo mes presentadas por poderes del Estado que, de una forma u otra, afectan derechos como los de expresión e información”. Esto representa un endurecimiento del marco legal contra el periodismo independiente, en un contexto en el que el acceso a la información pública ya se encuentra restringido.
Periodistas agredidos y encarcelados
El informe también documenta casos específicos de violencia y represión contra periodistas. En Ucayali, la reportera de TV Perú, Jackeline Rodríguez, fue agredida por agentes de seguridad mientras cubría un evento oficial. En tanto, el periodista Edgar Alarcón permanece en prisión desde hace más de 80 días tras ser sentenciado por difamación, en un caso que, según su abogado, “carece de fundamentos”.
Alarcón también denunció que el 2 de abril recibió una nueva notificación judicial tras una demanda en su contra presentada por el gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Giménez. La autoridad regional solicita una pena de dos años de prisión y una reparación civil de 40 mil soles por presunta difamación. Sin embargo, Alarcón señaló que esta misma denuncia ya había sido declarada infundada en noviembre de 2024. Pese a ello, Grundel apeló la sentencia absolutoria y busca que el periodista sea enviado nuevamente a prisión.
El CPP ha rechazado la creciente violencia contra los periodistas en el país y ha señalado que “la agresión física a la reportera Jackeline Rodríguez y el encarcelamiento de Edgar Alarcón representan el desdén del Estado para con la libertad de prensa a pesar de que los poderes estatales señalan que respetan el trabajo periodístico».
Además, el informe menciona el caso de la periodista Paola Ugaz, quien ha sido amenazada con acciones legales por el sacerdote Jaime Baertl, vinculado al Sodalicio de Vida Cristiana. Este tipo de denuncias contra periodistas que investigan temas de interés público son vistas como un intento de silenciar las voces críticas.
Preocupación internacional
Ante este panorama, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envió una misión especial al Perú para evaluar la situación. En su informe final, la SIP concluyó que existe un “fuerte debilitamiento de la libertad de prensa” en el país, debido a la persecución judicial a periodistas, la hostilidad del Ejecutivo, el incremento de amenazas del crimen organizado y los intentos legislativos de restringir el derecho a la información.
El CPP ha hecho un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones de derechos humanos a mantenerse alerta frente a estos retrocesos. “Cada vez hay mayores ánimos legislativos contra la prensa independiente en el Perú”, advierte el informe.
