El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe mensual sobre libertad de expresión correspondiente a septiembre de 2025. El documento revela un escenario preocupante con agresiones físicas, hostigamiento judicial y amenazas de muerte contra periodistas y medios de comunicación en distintas regiones del país.
Durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, al menos 20 periodistas resultaron afectados, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Los ataques provinieron tanto de la Policía Nacional como de algunos manifestantes. El CPP remarca que “las protestas ocurridas en el centro de Lima demostraron una vez más la nula preparación de la Policía Nacional para llevar a cabo sus labores de protección de periodistas”.
Periodistas bajo ataque
Entre los casos más graves figuran los de Jahaira Pacheco y Percy Grados, quienes recibieron impactos de perdigones. Víctor Castillo, de Canal N, denunció que un grupo de policías lo arrinconó e impidió su cobertura. El reportero independiente Jorge Ballón relató que, al identificarse como periodista, un efectivo policial lo empujó y “me metió cabe, me empujó y me fui de espaldas. Luego pateó mi celular (con el que estaba grabando) y me volvió a empujar”.
El CPP advierte que “es evidente que la Policía Nacional ha abierto un frente de agresión y hostigamiento contra la prensa”. Además, señala como abuso la denuncia por acoso contra la periodista Karla Ramírez, de Panamericana TV, quien solo buscaba recabar descargos para una investigación televisiva.
Intentos de silenciar la información
El informe también da cuenta de iniciativas legislativas y judiciales que buscan restringir el trabajo periodístico. En el Congreso, el legislador José Luis Elías Ávalos impulsó un proyecto para modificar el Código Penal y sancionar la publicación de mensajes privados, incluso cuando exista interés público. El CPP alertó que, de aprobarse, “casos como el de Mochasueldos no habrían podido contar con evidencia sólida”.
En paralelo, la Procuraduría Anticorrupción solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, bajo acusaciones vinculadas a la exfiscal Marita Barreto. El Consejo enfatizó que “el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un periodista supone uno de los procedimientos más delicados en el ámbito de la justicia”, y cuestionó la normalización de medidas que considera persecutorias.
Amenazas desde la política
Otro de los hechos que encendió alarmas fue la amenaza del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. En un evento público, el burgomaestre declaró que “hay que cargarse a Gorriti”, frase que en jerga peruana significa matarlo. El CPP sostuvo que “las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que incitan a la violencia y a matar al periodista Gustavo Gorriti, deben ser tomadas con la mayor preocupación”.
Hostigamiento en las regiones
El informe también recoge el caso de Óscar Pareja, director del diario Los Andes en Puno, quien enfrenta una querella y un habeas data interpuestos por un juez que exigió retirar una publicación crítica y revelar su fuente. Aunque un juzgado ordenó eliminar la nota, no accedió a la entrega de la fuente informativa. Para el CPP, este tipo de decisiones judiciales desconocen precedentes internacionales y vulneran el rol del periodismo en una democracia.
Restricción de información pública
La Policía Nacional, mediante resolución, clasificó como reservada toda la información de denuncias registradas en sus sistemas, con un plazo de cinco años. Según el Consejo, “además de violarse principios constitucionales de transparencia, se afectan la rendición de cuentas, el interés público y se facilita el encubrimiento de turbios manejos políticos”.
El CPP concluye que la situación de la libertad de prensa en el Perú se deteriora con rapidez. Los intentos de acallar a periodistas, las agresiones físicas y las amenazas políticas son señales de alerta que deben ser atendidas con urgencia por las autoridades competentes.