Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, anunció que los gremios del transporte solicitarán formalmente la declaratoria de emergencia del sector transporte público debido al incremento preocupante de actos de violencia, extorsiones y asesinatos que afectan a los conductores y usuarios en varias regiones del país.
“Se ha acordado declarar en emergencia el transporte público. También se realizará una reunión de alto nivel este jueves a las 8 a.m., y se han aprobado leyes relacionadas con la seguridad en el sector”, declaró Palomino.
Mesa de trabajo interinstitucional liderada por el Congreso
El presidente del Congreso, José Jerí Oré, será el encargado de convocar a una mesa de trabajo que incluirá representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio del Interior, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los gremios del transporte. El objetivo principal es coordinar medidas inmediatas para fortalecer la seguridad y dar seguimiento a compromisos pendientes desde abril.
Jerí Oré enfatizó que, aunque existen normas sobre criminalidad organizada, la clave está en su correcta aplicación y fiscalización:
“No basta con tener buenas leyes si no se aplican. Es necesario exigir la reglamentación y hacer un control político efectivo.”
Críticas a la PCM y llamado a la unidad entre poderes del Estado
Miguel Palomino criticó duramente la gestión de la PCM, calificándola de “inoperativa” por no cumplir los compromisos asumidos, y señaló que esta demora afecta la seguridad del sector transporte.
Por su parte, el presidente del Congreso destacó la necesidad de unidad entre transportistas y poderes del Estado para enfrentar esta crisis:
“Tenemos que sumar esfuerzos, no solo como transportistas, sino también como instituciones del Estado para buscar soluciones conjuntas.”
Acuerdos alcanzados
- Declarar en emergencia el sector transporte público.
- Convocar una mesa de trabajo interinstitucional con Ejecutivo y gremios.
- Modificar la norma sobre criminalidad organizada para fortalecer su aplicación.
- Realizar un control político efectivo para asegurar la ejecución de las leyes pendientes.