Mediante resolución 133-2024-DGA-CR, el Congreso de la República declaró infundada la apelación que presentó el expresidente, Pedro Castillo, contra su Departamento de Recursos Humanos. De esta manera, se le negó la pensión vitalicia que reciben los ex jefes de Estado.
El documento fechado el 14 de mayo sostiene que este derecho le fue suspendido al exmandatario debido a que el Pleno del Congreso ha aprobado denunciarlo constitucionalmente.
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La Ley 26519 dispone, en su artículo 2, que los expresidentes que en los casos en que los ex jefes de Estado hayan sido acusados por el Parlamento, el derecho a la subvención se suspende, salvo que una sentencia judicial los declare inocentes.
La defensa de Castillo había señalado que el profesor rural fue vacado el 7 de diciembre del 2022 y que la denuncia constitucional fue aprobada en una fecha posterior, por lo que ya habría adquirido el derecho a la pensión vitalicia.