En una de las reformas más ambiciosas de los últimos años, el Congreso de la República, a través de la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia, ha propuesto la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y su reemplazo por un nuevo órgano autónomo denominado Escuela Nacional de Justicia.
Esta propuesta forma parte del informe final de la primera etapa de trabajo del grupo parlamentario, presidido por la congresista María del Carmen Alva. El informe será votado entre el lunes 6 y el martes 7 de octubre, antes de pasar a la Comisión de Constitución, donde continuará el debate legislativo.
Una nueva entidad con funciones ampliadas
Según el documento, la Escuela Nacional de Justicia absorbería las funciones de la actual JNJ y de la Academia de la Magistratura, centralizando así el proceso de formación, evaluación, capacitación y nombramiento de jueces y fiscales.
La propuesta plantea que la selección de magistrados se realice mediante concursos públicos de méritos, con énfasis en la captación de los mejores perfiles profesionales desde el inicio de la carrera judicial o fiscal.
Además, el nuevo ente tendría rango constitucional y estaría incluido en los alcances del juicio y antejuicio político, como lo establece el artículo 99 de la Constitución. Esto le conferiría una posición similar a la de los actuales organismos constitucionalmente autónomos.
Transición institucional: ¿qué pasará con la JNJ?
El proyecto contempla un periodo de transición de un año, más 30 días adicionales y otros 90 para presentar el proyecto de ley orgánica de la nueva entidad. Durante ese tiempo, se establecerá el marco legal y operativo para desactivar la JNJ y crear la Escuela Nacional de Justicia.
En caso de ser aprobado, la actual Junta Nacional de Justicia dejaría de existir, y con ella el sistema actual de nombramientos y ratificación de magistrados, cuya legitimidad ha sido duramente cuestionada por diversos sectores del Congreso en los últimos meses.
Cambios en el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público
El informe también propone aumentar de 7 a 9 el número de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y ampliar su mandato de 5 a 8 años, lo que busca, según el grupo de trabajo, mejorar la capacidad operativa y representatividad del máximo intérprete de la Constitución.
Asimismo, se plantea elevar a 11 el número de fiscales supremos titulares, para fortalecer el funcionamiento del Ministerio Público, especialmente en el contexto de investigaciones complejas por corrupción y crimen organizado.
Autonomía para las Procuradurías Públicas
Otro de los puntos clave del documento es la propuesta de otorgar autonomía constitucional a las Procuradurías Públicas y modificar el sistema de acceso a estos cargos. Se plantea que el ingreso se realice exclusivamente por concurso público de méritos, eliminando cualquier otra vía de designación.
Este cambio busca garantizar profesionalismo y meritocracia en la defensa legal del Estado, así como evitar presiones políticas o designaciones arbitrarias.
Irrevisabilidad de resoluciones del JNE y nuevo órgano
Una de las propuestas más polémicas es la declaración de irrevisabilidad de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la futura Escuela Nacional de Justicia, lo que significa que ningún juez podría anular sus fallos, especialmente en temas electorales.
Esta medida busca garantizar la estabilidad del calendario electoral y la seguridad jurídica del sistema democrático, aunque ha sido vista por algunos sectores como un intento de blindaje institucional.
Cambios en procesos de amparo y justicia administrativa
El informe también propone restringir el uso de procesos de amparo en el ámbito administrativo. Específicamente, se establece que no podrán interponerse procesos de amparo contra resoluciones administrativas, como actualmente ocurre en muchos litigios.
En su lugar, se deberá acudir al proceso contencioso administrativo, que no suspenderá automáticamente los efectos de la resolución impugnada. Sin embargo, se permitirá solicitar medidas cautelares ante un juez si se acreditan fundamentos suficientes.
Participación congresal y próximos pasos
Durante la sesión de evaluación de este jueves, participaron virtualmente congresistas de diversas bancadas, incluyendo a Lady Camones, Luis Aragón, Américo Gonza, Patricia Juárez, Alejandro Muñante, Segundo Quiroz y Rosselli Amuruz.
La presidenta de la comisión, María del Carmen Alva, anunció que el documento será sometido a votación interna la próxima semana. En caso de ser aprobado, será elevado a la Comisión de Constitución, que tiene la última palabra antes de pasar al Pleno del Congreso.