El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, promulgó la ley que ordena la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se hayan cometido antes del 2002. Esto, debido a que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, no observó la norma en los plazos previstos.
La norma fue publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano y señala que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en nuestro país recién el 1 de julio del 2022, mientras que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad se incorporaron al ordenamiento jurídico el 9 de noviembre del 2003, por lo que no podría aplicarse para delitos anteriores a esa fecha.
En esa línea, se señala que los delitos que califiquen como de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes de ese año, prescribirán en los plazos contemplados por la legislación nacional.
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La Junta de Fiscales Supremos se había pronunciado contra la promulgación de dicha norma al considerarla inconstitucional e incompatible con la jurisprudencia supranacional sobre derechos humanos y los estándares del derecho internacional.
La ley tendrá un impacto directo en los casos Barrios Altos, La Cantuta, Pativilca – Caraqueño, entre otros que tienen como acusado al ex presidente, Alberto Fujimori.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió que se garantice la justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y recordó que el Estado peruano tiene la obligación de cumplir con las decisiones que emitan al ser parte de la Convención Americana.