El Pleno del Congreso de la República no aprobó, en primera votación, la inhabilitación por 10 años de la fiscal suprema suspendida, Delia Espinoza. La propuesta obtuvo 63 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, quedando por debajo del mínimo constitucional de 68 votos necesarios. Por ello, el expediente será remitido al archivo y se expedirá la resolución legislativa que cerrará formalmente el procedimiento.
Informe previo contaba con respaldo en comisiones
El dictamen que recomendaba la inhabilitación había sido aprobado previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente. La propuesta señalaba a Espinoza por presunta infracción constitucional vinculada a la elaboración de un reglamento en el Ministerio Público.
Sin embargo, en la votación del Pleno, las bancadas se dividieron. Algunos congresistas que habían apoyado la medida en instancias previas cambiaron su voto o se abstuvieron, impidiendo alcanzar el quórum requerido.
Defensa de Delia Espinoza y denuncias de persecución
Horas antes de la votación, Delia Espinoza se presentó ante el Congreso para defenderse. Afirmó que enfrenta una persecución política y cuestionó la legitimidad del proceso en su contra. “No cometí ninguna infracción y este procedimiento responde a represalias por mi trabajo independiente como fiscal”, declaró.
Espinoza también criticó la actuación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente. Reafirmó que continuará defendiendo sus derechos en todas las instancias, incluyendo el ámbito internacional, si fuera necesario.
Reacciones políticas y consecuencias del resultado
El resultado refleja las divisiones políticas dentro del Congreso y la dificultad de alcanzar consensos en casos de alto impacto mediático y político. La decisión mantiene a Delia Espinoza en su condición de fiscal suprema suspendida, pero sin la restricción de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Este desenlace evidencia también los retos del Parlamento para sancionar a altos funcionarios del sistema judicial, especialmente cuando los casos generan tensión entre las bancadas y controversia pública.